La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer en el Congreso de los Diputados que el Gobierno procederá a la suspensión del impuesto del 7% a la producción eléctrica, “dejándolo a tipo prácticamente cero”, con el objetivo de que baje el precio de la luz y los consumidores paguen menos en su factura.

En concreto, fuentes del Ministerio explicaron que al tratarse de una suspensión y no de una supresión, que requeriría modificar una ley de 2012, se deberá aplicar un tipo residual que no superará el 0,5%.

De esta forma, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, indicó este jueves en una entrevista de RNE recogida por Servimedia que la medida repercutirá en la factura de la luz reduciéndola entre un 2% y un 4%. Esto, según la ministra, supondrá una reducción de alrededor de 1.000 millones de euros en la recaudación del impuesto en 2019.

Según el informe anual de recaudación de 2017 de la Agencia Tributaria (AEAT), este impuesto aportó una recaudación de 1.510 millones de euros, lo que supone el 78,36% de lo aportado por el conjunto de impuestos medioambientales (1.927 millones).

Este impuesto, creado en 2012 por el Gobierno del Partido Popular, con José Manuel Soria como ministro, entró en vigor en 2013, año en el que logró una recaudación de 1.261 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria. Al año siguiente, en 2014, obtuvo 1.459 millones, en 2015 su recaudación fue de 1.605 millones y en 2016 alcanzó los 1.285 millones. De esta forma, desde su implantación el impuesto a la producción eléctrica ha aportado a las arcas públicas 7.120 millones de euros.

Además, en lo que va de año, según el último informe mensual publicado por la AEAT, correspondiente al mes de julio, hasta dicho mes el Estado había recaudado 862,4 millones de euros en impuestos ambientales, un 5% menos que en el mismo periodo de 2017, aunque no se detalla la aportación de cada tributo de este tipo.