La aplicación del impuesto a los envases plásticos no reutilizables, según está planteado en el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, sin repercusión jurídica, puede suponer el cese de actividad para el 95% de las empresas fabricantes de envases y embalajes de plástico, según los datos del estudio el ‘Impuesto sobre los envases y embalajes plásticos: impacto sobre el sector de fabricantes de la no repercusión jurídica del impuesto’, elaborado para EsPlásticos.

En concreto, el estudio pone de manifiesto la problemática que deriva de la falta de repercusión jurídica, figura contemplada en la mayoría de los impuestos de esta índole y no incluida en el actual Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados.

Según el sector, la inexistencia de esta figura jurídica no garantiza a los fabricantes de envases y embalajes la traslación real del coste a sus clientes, más teniendo en cuenta que se trata de un sector formado en su práctica totalidad por pymes y micropymes (99%), que trabajan con contratos de largo plazo y con bajo poder de negociación para repercutir los costes del impuesto.

El portavoz de EsPlásticos, Luis Cediel, ha explicado que la repercusión jurídica del impuesto hacia los siguientes agentes de la cadena de valor permitiría conseguir mayor transparencia y trazabilidad en su aplicación, y evitaría poner en riesgo de desaparición casi la totalidad de las empresas transformadoras de envases y embalajes. «Por este motivo vemos de forma positiva los avances a este respecto con las Administraciones Públicas», ha indicado.

Con el tipo impositivo de 0,45 euros por kilogramo de plástico no reciclado en envases no reutilizables se recaudarían 982 millones de euros, cifra 41% superior al Excedente Bruto de Explotación (EBE) del sector, que en 2019 ascendió a 696 millones de euros, por lo que, en términos agregados llevaría al sector de fabricación de envases y embalajes de plástico a una situación de pérdidas brutas.

PÉRDIDAS EN RECAUDACIÓN DE MÁS DE 2.000 MILLONES

El informe señala que si las empresas del sector cesaran su actividad a consecuencia del impuesto, las pérdidas en recaudación superarían los 2.000 millones de euros, es decir, 2,1 veces más que la recaudación prevista por el nuevo impuesto (982 millones de euros).

El sector ha indicado que esta medida no resultaría eficaz desde un punto de vista de la recaudación de las administraciones públicas, más si se tiene en cuenta que en esta cifra no está contemplado el coste en el que tendrían que incurrir como consecuencia del aumento del desempleo (se calculan unos 539 millones de euros).

Por el contrario, si la Ley recogiese la posibilidad de repercutir el impuesto a las siguientes empresas en la cadena de valor, estas podrían asumirlo sin un efecto significativo sobre su cuenta de resultados y, por lo tanto, tampoco en el empleo ni la recaudación fiscal.

Según este estudio, la potencial quiebra de las empresas del sector podría llevar asociada la destrucción de más del 78% de la actividad económica y del empleo asociado.

En términos de empleo, considerando efecto directo, indirecto e inducido, se traduciría en una destrucción de 99.340 puestos de trabajo, de los 126.675 que están vinculados al sector de envases y embalajes plásticos. Esto afectaría a 8.554 empresas en total, impactando financieramente en el bienestar de 271.545 personas.

Además de la destrucción de empleo, el impuesto impactaría sobre el conjunto de la economía, no solo por el posible cese de actividad de las empresas del sector, sino también por el efecto tractor que esto llevaría asociado. Así, la contribución al PIB del sector se reduciría 0,6 puntos porcentuales, es decir, del 0,7% al 0,1%.

El sector está presente en toda la geografía española, pero su presencia es especialmente relevante en las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Castilla y León, La Rioja y Navarra. En las tres primeras, su contribución al PIB supera los 1.300 millones de euros en cada una de ellas.

Por otro lado, en términos relativos sobre el PIB y el empleo de cada región, País Vasco, La Rioja, Navarra y previsiblemente Murcia son regiones que podrían verse especialmente afectadas ya que el sector tiene asociado más del 1,5% del PIB y del empleo, un peso que duplica al de la media nacional.