El Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid ha puesto fin a la instrucción sobre el presunto origen ilícito del patrimonio del ex ministro de Economía Rodrigo Rato, al que atribuye presuntos delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y fiscales por, presuntamente, haber repatriado a España casi ocho millones de euros desde paraísos fiscales mediante un entramado societario.

Después casi seis años de pesquisas que han pasado por distintos juzgados, finalmente el juez Antonio Serrano-Arnal ha acordado, en un auto del 23 de febrero conocido este lunes, transformar las diligencias previas de la instrucción en procedimiento abreviado, dando traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado para que en 20 días presenten escrito de acusación.

El juez ha propuesto procesar a Rato, a Miguel Ángel Montero -administrador de varias empresas del ex vicepresidente del Gobierno- y al abogado Domingo Plazas Ruiz y su despacho, Plazas Abogados, por esos tres delitos.

Además, por corrupción en los negocios ha señalado a la que fuera secretaria de Presidencia en Caja Madrid y directora de coordinación de la Presidencia en Bankia, María Teresa Arellano; a Alberto Portuondo, uno de los ‘hombres’ de Montero; a las empresas Publicis Comunicación y Zenith Media y a siete personas relacionadas con ellas.

En cuanto al blanqueo de capitales, ha apuntado también a Santiago Alarcó, al que identifica como el dueño de la estructura KRADONARA-VIVAWAY, por la que habría transcurrido el dinero investigado, mientras que también ha achacado el delito fiscal a Ramiro Sánchez de Lerín, quien fuera secretario general y del Consejo de Administración de Telefónica.

Sin embargo, la decisión del juzgado madrileño aún no es firme, ya que las partes pueden presentar recursos de reforma ante el mismo juez en un plazo de tres días o de apelación ante la Audiencia Provincial en cinco días.

EL «CANAL» VIVAWAY- KRADONARA

Serrano-Arnal ha concluido que «nos encontramos ante unas importantes cantidades de dinero en sociedades opacas sustentadas por testaferros y radicadas en territorios clasificados como paraísos fiscales o que operan a través de ellos que ingresan en territorio nacional bajo la apariencia de negocio lícito».

Para ello, el ex presidente de Bankia se habría valido de la estructura societaria VIVAWAY-KRADONARA, «expresamente adquirida a tal fin y con el objeto de hacerlo llegar de la forma más opaca posible a diversas empresas pertenecientes a Rodrigo Rato».

Según expone el auto, VIVAWAY es una sociedad británica dueña y socia única de KRADONARA, otra mercantil «opaca en su accionariado y en sus órganos sociales». Se crearon entre septiembre y noviembre de 2001 a instancias de Alarcó y a través de Plazas. Ese mismo año, Rato las adquirió, fijó el control de VIVAWAY mediante un fideicomiso radicado en Gibraltar y las usó para «canalizar fondos».

Con dicha compra, ha explicado Serrano-Arnal, Rato instauró «un canal que consigue alejar los fondos que ingresan en España de su origen, con el objeto de ocultar su persona de las sociedades que acaparan los fondos, iniciando su actividad en el año 2006 y continuando dicha operativa hasta el año 2014».

El instructor ha cifrado en un total de 7.827.580 euros el dinero introducido en España a través de VIVAWAY-KRADONARA, 3.697.773 euros de los cuales «son de origen desconocido». En su opinión, el origen «debería ser relativamente sencillo de indicar al tratarse de fondos bancarizados», pero ha subrayado que no ha sido así, sino que Rato ha procurado situar estas ganancias en ejercicios fiscales prescritos.

El monto restante, la parte cuyo origen sí ha podido determinarse en la investigación, «procede de dos sociedades constituidas en Panamá (RED ROSE FINANTIAL ENTERPRISE y WESTCASTLE CORPORATION), tituladas por testaferros y sin actividad social conocida, pero reconocidas por Rato ante la Hacienda Pública con ocasión de las regularizaciones del año 2012»

De acuerdo con Serrano-Arnal, «la repatriación del patrimonio que el investigado ostentaba en el extranjero se hizo, en su mayor parte,
mediante la figura del préstamo participativo» de VIVAWAY a KRADONARA, operaciones que «no figuran documentadas ni tampoco devueltas», por lo que «las cantidades de esta manera compensadas y ocultadas daban lugar a que fuesen desconocidas para la Hacienda Pública».

ELUSIONES FISCALES

Así, Rato habría incurrido en elusiones fiscales tanto por las «maniobras de ocultación de su patrimonio exterior» como con las «maniobras societarias –nuevamente préstamos participativos y prestaciones de servicios inexistentes– entre las sociedades bajo su control a fin de retornar a España parte de su patrimonio exterior de manera oculta para la Hacienda Pública».

En segundo lugar, el juez ha mencionado como base de estas elusiones fiscales «la percepción a través de sociedades meramente instrumentales de servicios profesionales que el investigado prestaba de manera personal, a fin de minorar la cuota resultante a favor de la Hacienda Pública por el menor tipo de tributación del Impuesto de Sociedades respecto del IRPF» que le correspondería.

A este respecto, el instructor ha hecho hincapié en que Rato lo hacía además «a través de sociedades bajo su control con bases imponibles negativas en cuanto al Impuesto de Sociedades, lo que determinó la ausencia de las percepciones derivadas de dichos impuestos por parte de la Hacienda Pública».

En este punto, Serrano-Arnal ha precisado que «desde el año 1999 el investigado mantenía el control de tres sociedades en el extranjero, las que eran depositarias de elevadas sumas de dinero y activos financieros» –RED ROSE INVESTMENT en Irlanda y WESTCASTLE CORPORATION y RED ROSE FINANTIAL ENTERPRISE en Panamá–.

Hasta el año 2006, la repatriación del dinero se habría hecho a través de las sociedades españolas AUROSUR y El Manantial de la Información, «siendo que a partir de esta fecha y a raíz de una inspección fiscal a AUROSUR» cuando Rato adquiere y empieza a operar a través de KRADONARA-VIVAWAY, «supuestamente para hacer más difícil el seguimiento» a Hacienda.

«Esta operativa y la disponibilidad final de los fondos a través de transferencias sustentadas en préstamos o negocios jurídicos simulados es la que conforma la presunta voluntad del investigado de activar un proceso de retorno con apariencia de licitud de las ganancias obtenidas de una previa actividad delictiva», ha explicado el juez.

COMISIONES EN CONTRATOS DE BANKIA

Esta «actividad delictiva» tendría su origen tanto en el dinero defraudado al Fisco como «en las ganancias obtenidas por la adjudicación de contratos publicitarios» de Bankia.

Es en estos contratos publicitarios donde radica la acusación de corrupción en los negocios. Según el juez, al llegar a la Presidencia de Bankia, Rato y Arellano «fueron vaciando de contenido la Dirección de Comunicación y Marca» hasta provocar la marcha de su directora para que la sustituyera la propia Arellano.

Desde ese puesto, se adjudicaron contratos a las empresas Zenith y Publicis, si bien «estas facturas no se correspondían con una contraprestación real» sino que «eran el conducto para dar cobertura legal para abonar a Rodrigo Rato su parte en las comisiones obtenidas por ALBISA de las publicitarias Zenith y Publicis en razón de los contratos de publicidad que firmaron con Bankia».

Con ello, ha afirmado el juez, «aparece indiciariamente acreditado que (…) durante los ejercicios fiscales de 2011 y 2012 Bankia contrató servicios de publicidad con Publicis y Zenith a cambio de una comisión de 2.022.153,89 euros con el fin obtener dichos contratos, que ambas mercantiles abonaron a ALBISA», controlada por Portuondo, la cual a su vez transfirió a KRADONARA 835.024,64 euros.