El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha abierto juicio contra el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, los exdirectores generales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela y José Manuel Aguilar, y la exdirectora de gestión de esta entidad Elisa Maldonado, por las tres ediciones de los Valencia Summit de los años 2004, 2005 y 2006, por cuya organización el Instituto Nóos, presidido por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, percibió 3,6 millones de euros, a pesar de que para ello únicamente empleó 910.600 euros. Por contra, ha sobreseído la causa contra el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.
Del mismo modo, irán a juicio por el ‘caso Nóos’ el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres y otros 11 acusados por su presunta vinculación con la trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda urdida en torno al Instituto Nóos. Entre ellos se encuentra la Infanta Cristina como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.
Para los cuatro ex altos cargos del Consell la Fiscalía Anticorrupción solicita penas que oscilan entre los seis y ocho años de prisión por presuntos delitos de malversación de caudales, prevaricación, fraude a la Administración, falsedad en documento público y falsedad documental. En concreto, seis años para Aguilar, y ocho años para Lobón, Vela y Maldonado. Por su parte, el sindicato Manos Limpias reclama para estas cuatro personas 11 años de prisión.
Tanto Manos Limpias como el PSPV también acusaron y solicitaron prisión para el vicealcalde de Valencia y presidente del patronato de la Fundación Turismo Valencia (FTVCB), Alfonso Grau, pero el juez finalmente ha sobreseído la causa contra él y no se sentará finalmente en el banquillo de los acusados al entender que Turismo Valencia dio su «beneplácito» a los Valencia Summit «en el seno de la Junta de Patronos».
Al respecto, sobre las circunstancias de Grau, para el que PSPV y Manos Limpias pedían 11 años de cárcel, el juez recuerda en primer lugar que considera que la Fundación Turismo Valencia era «de interés público» y estaba sujeta a las normas sobre contratación administrativa, y ello tanto por su sistema de financiación, dependencia y control público municipal e interés general. No obstante, entiende que esta fundación «ha venido siempre funcionando como entidad privada», incluso en sus relaciones contractuales, sin la oposición, «al menos que se sepa», de ningún grupo municipal del Ayuntamiento.
Sobre los Valencia Summit –firmados entre la FTVCB, Cacsa y el Instituto Nóos– considera que su gestión «siempre» la ostentó Cacsa, y aunque «no se discute» que la fundación le dio su beneplácito, «ello aconteció en el seno de la Junta de Patronos», por lo que acuerda sobreseer la causa contra Grau.
En este sentido, apunta que los testigos que declararon en Valencia el pasado mes de noviembre, «incluidos aquellos que desvelaron la convocatoria que la subdirectora de la fundación, cuando menos tan desafortunadamente, les cursó en los días que precedieron a su comparecencia, parece que para unificar criterios de cara a sus inminentes declaraciones, y que, por haberla con acierto desoído, merecen crédito, vinieron a coincidir en que, aunque Grau tenía un papel preponderante en la fundación, y por ello era quien proponía los proyectos, siempre gozaron de libertad de criterio para oponerse a cualquiera de ellos» por lo que, aunque no se diera una votación formal, «los acuerdos se tomaban colegiadamente en la Junta de Patronos».
GRAU EN EL ‘CASO NÓOS’
El primer contacto de Grau en el ‘caso Nóos’ fue como testigo, cuando fue citado en mayo de 2012 en los juzgados de Valencia para ser interrogado por los Valencia Summit. En ese primer momento, justificó los contratos por ser «razonables» y con un precio «ajustado», al tiempo que señaló que las cuentas de la fundación valenciana que él preside estaban «auditadas, fiscalizadas y depositadas en el registro de fundaciones de la Generalitat», y que se trataba de una fundación de derecho privado, sometida a un régimen distinto al de la Administración pública.
Transcurridos dos años de esta declaración, el juez José Castro decidió imputar a Grau tras solicitarlo el PSPV y apoyarle la Fiscalía, al entender que existían «indicios fundados de criminalidad». Y le tomó declaración en esta condición en mayo de 2014, pero esta vez en los juzgados de Palma. En este segundo interrogatorio, el edil declaró que el precio de los Valencia Summit vino dado desde Cacsa, previa determinación por parte del Instituto Nóos.
Así mismo, insistió en el carácter privado de la FTVCB, por lo que negó que desde el consistorio valenciano hubiera podido producirse un desvío de fondos a la organización de los eventos. Un par de meses más tarde, el juez puso fin a la instrucción del ‘caso Nóos’ tras cuatro años de investigaciones y archivó la imputación de Grau, mientras que mantuvo como imputados a Lobón y a tres ex altos cargos de Cacsa: Aguilar, Jorge Vela y Elisa Maldonado.
Esta desimputación de Grau fue recurrida posteriormente por el PSPV ante la Audiencia de Baleares, quien estimó esta petición y decidió reimputarle. Este tribunal adoptó esta decisión al considerar que si bien no fue él en persona el que suscribió el convenio, «su descarte resulta imposible, tanto por el compromiso económico del Ayuntamiento, como porque para llevar a cabo el proyecto era necesario la participación del consistorio, y éste estaba ya comprometido desde el momento que Barberá remite a Urdangarín y a su exsocio, Diego Torres, a la fundación y a Cacsa, y luego el entonces secretario de eventos pide a Grau que se sume al proyecto». Sin embargo, el juez ha rechazado definitivamente que Grau se siente en el banquillo de los acusados y ha sobreseído provisionalmente la causa contra él.
EUROPA PRESS
