El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno toma declaración desde este martes a otros 10 investigados en la ‘Operación Titella’ y que guardan relación con la supuesta estafa que la red que presuntamente encabezaba el productor televisivo José Luis Moreno habría realizado a distintas entidades bancarias para obtener financiación.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha citado a los integrantes de la red que se habrían encargado supuestamente de acudir a las sucursales y, también, a los empleados de las mismas que habrían colaborado con la organización a la hora de realizar los ingresos.

Esta nueva ronda se inicia a partir de las 08.45 horas con la declaración de Javier Rumbo, a quien los investigadores sitúan como director de la oficina del Banco Santander en el Paseo de la Florida de Madrid. La policía judicial considera acreditada no solo la participación directa de este empleado en las operaciones fraudulentas de los investigados, sino también una actuación en su propio beneficio y el de sus amigos.

Así las cosas, Rumbo –que trabajaba a las órdenes de Antonio Salazar — habría concedido financiación a la organización a sabiendas de la actividad fraudulenta de esta, participando incluso en la confección de la documentación contable como balances o impuestos de las sociedades para asegurarse que se les iba a conceder la financiación.

COLABORADORES NECESARIOS

En un escalón inferior al de Rumbo los investigadores sitúan a Luis Peña, director de una oficina de Caja Rural de Soria en Torrejón de Ardoz, Miguel Méndez como director de la sucursal de Caixabank en la calle Pedro Laborde y Alejandro Aragones, un empleado del mismo banco en Paterna, en Valencia.

A todos ellos se les sitúa como colaboradores necesarios, empleados de banca captados por la organización y encargados de conseguir financiación, así como de encargarse de los ingresos en efectivo y de pagarés. La policía judicial solicitó permiso para entrar y registrar una serie de domicilios relacionados con los cinco investigados ante la sospecha de pudiesen estar escondiendo en los mismos elevadas cantidades dinero en efectivo.

Ya el miércoles el juez seguirá poniendo el foco en la estrategia seguida desde la red para obtener financiación. Y lo hará escuchando la declaración de José Luis Meseguer y Luis Ochoa, presuntos receptores de toda la documentación requerida por las entidades bancarias para la consecución de la financiación.

Ambos serían además los encargados de contactar con los bancos, agendar las entrevistas de los testaferros con los directores de las entidades y preparar las visitas a las sedes de las sociedades cobrando una comisión por cada una de las gestiones de Antonio Salazar.

ESTAFAS CON AYUDAS COVID

Esta dinámica no llevo solo a que la red obtuviese dinero de los bancos sino que, como apunta el oficio, el Estado también figura como perjudicado. Así, y a través de las entidades de crédito, la organización habría conseguido obtener multitud de créditos ICO–entre ellos ayudas COVID– como, por ejemplo, una de 10.000 euros en Murcia.

Meseguer y Ochoa contaban para sus planes con la ayuda de otros dos de los investigados, los hermanos Antonio y Daniel Polanco, encargados de conseguir financiación para una de las sociedades y utilizando a un testaferro que no sabía hablar castellano.

Los investigadores señalan que uno de los hermanos, Antonio, llegó a hacerse pasar por el «jefe de administración Javier Ruiz», una identidad inventada que le permitía acudir a las entidades bancarias haciendo de traductor y controlando que la sociedad consiguiera la financiación fraudulenta.

Antonio y Daniel también habrían recibido una comisión de las citadas ayudas COVID publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, unas cantidades que también percibieron Meseguer y Ochoa.

La última investigada en declarar ante el magistrado será Yamileth González, administradora de Klass Shop y que habría participado supuestamente en la obtención de financiación tanto personándose con Salazar en las distintas oficinas bancarias y firmando los productos. También habría participado en la simulación de actividad de las sociedades con la finalidad de engañar a los empleados de banca.

LA FISCALÍA CALCULA EN 85 MILLONES LA ESTAFA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional calcula que la organización criminal que supuestamente encabezaba el ventrílocuo habría estafado un total de 85 millones en diferentes bancos. Así se desprende de un informe del Ministerio Público de octubre de 2020 en el que se subraya además que gracias a las pesquisas policiales se ha constatado la existencia de esa organización, que estaría integrada –al menos en el momento en el que se redactó el informe– por 26 personas que se dedicaban a obtener dinero procedente de entidades bancarias «por medio del conocido sistema del peloteo de cheques o pagarés».

Añade que también lo obtenían «por medio de la concesión bajo engaño, o en connivencia con empleados de las mismas, de líneas de crédito». Una vez tenían en su poder el dinero en metálico, lo transferían a terceros que justificaban ese desplazamiento por medio de facturas falsas, dice el fiscal. «Lograban de esta forma no sólo demostrar la aparente disposición del metálico y la insolvencia frente al banco, sino también su afloramiento o blanqueo», explica.