El juez de la Audiencia Nacional que investiga las supuestas irregularidades en la resolución del Banco Popular ha acordado citar en calidad de testigo al actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, para que responda sobre la gestión que realizó en relación a los hechos relevantes de esta entidad en abril de 2017 y sobre los informes que emitió este órgano supervisor sobre el Popular.
En la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, indica que tras recibir un escrito de la CNMV con fecha de 30 de abril de 2021, considera conveniente citar a Buenaventura, ya que en el momento de los hechos sobre los que se investiga (2016-2017) era responsable de la Dirección General de Mercados en la CNMV.
Esta citación, que se celebrará el próximo 8 de julio a las 09.00 horas, llega pocos días después de que declarara en sede judicial también como testigo Eduardo Manso, quien era el director de Supervisión en la CNMV. Éste señaló ante Calama que no indagaron en la financiación de compra de valores porque no era su responsabilidad, y que no entraron en la oferta pública de venta (OPV) porque no era su área de actuación.
Asimismo, tras explicar como funcionan los hechos relevantes en la CNMV, indicó que en el organismo se celebraron reuniones previas a la nota informativa de 3 de abril de 2017 sobre la situación del Popular y matizó que decidieron no abrir inspección al principio porque entendieron que, si había errores, estos eran contables y que eran subsanables.
Previamente, en 2020, también pasó por la Audiencia Nacional el antecesor de Buenaventura en la presidencia de la CNMV, Sebastián Albella, quien aseguró que en su etapa en el despacho Linklaters sólo asesoró al Popular en relación a la responsabilidad de los consejeros respecto a la ampliación de capital de 2016. Así, negó que formara parte del equipo del despacho que asesoró a la entidad en la ampliación.
Quien también pasó por la Audiencia Nacional como testigo fue Elvira Rodríguez, también expresidenta de la CNMV. Era marzo de 2020, pocos días antes de que se decretara el estado de alarma por la pandemia, y entonces Rodríguez sostuvo que la labor del órgano supervisor en la ampliación de capital del Banco Popular de 2016 se ciñó al «proceso normal», y que en el folleto presentado por la entidad se incluía información concreta y una advertencia general en el que se comprometía a la provisión de 4.700 millones ante posibles incertidumbres.
El grueso de la comparecencia se centró en el trabajo de la CNMV para supervisar esa ampliación de capital de 2.500 millones del banco. Rodríguez, que fue presidenta del organismo de 2012 a octubre de 2016, puntualizó que el banco en ese documento (‘folleto’) que entregó a la CNMV ya incluía la provisión con cargo a la ampliación de capital, y que se preveía que ese ejercicio 2016 no se repartieran dividendos y que, llegado el caso, se vendieran activos no estratégicos.
Cabe recordar que en esta causa la Audiencia Nacional estudia por un lado las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.
Según la instrucción de la causa, en ese periodo 2016-2017, el que fuera presidente de la entidad financiera Ángel Ron defendió la situación «inmejorable» del banco y se vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial. Sin embargo, los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron.
Las demandas contra los antiguos gestores versan sobre las «irregularidades contables» de los últimos ejercicios y la supuesta falta de veracidad de los folletos para las ampliaciones de capital. La resolución de la entidad, ya con Ron fuera y con Emilio Saracho al frente, tuvo lugar el año siguiente –2017– y el Banco Santander compró la entidad por un euro.
ESTE MARTES, MÁS CITACIONES
Pero antes de que llegue la testifical de Buenaventura, el juez seguirá estudiando el proceso de la Virtual Data Room (VDR) de 2017, por el que el banco compartió toda la información relevante de la entidad con otras entidades invitadas a participar en el proceso de venta privada, con la finalidad de que éstas y sus asesores pudieran adoptar con fundamento su decisión de comprar y en su caso cuantificar la oferta económica.
Así, mañana está programada la comparecencia de Juan-Mateu Grumé, director de Operaciones Corporativas del Banco Sabadell, y de Pablo Alonso Castellano, directivo del Bank of America Merrill Lynch Internacional Limited, quien accedió a la plataforma pero en calidad de asesor financiero.
A estos dos, les seguirá la declaración del vicepresidente y responsable de Estrategia, Planificación Financiera y Desarrollo Corporativo del Banco Santander, José Luis de Mora, quien también accedió al VDR en mayo de 2017. Ésta fue la entidad que finalmente se hizo con el Popular tras su resolución.
Tras estas testificales, en julio -el 27- será el turno de la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR) de la Unión Europea, Elke König, a quien Calama quiere preguntar por unas declaraciones que realizó sobre el estado del Banco Popular a Bloomberg en mayo de 2017. Antes, el 22 de julio cita al que fuera director de planificación de la resolución de la JUR Dominique Laboureix.
