El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado incorporar a la causa que investiga la venta de preferentes por parte de Caja Madrid y Bancaja los correos electrónicos enviados por el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa a miembros de la cúpula directiva de la entidad y que tengan relación con la gestión de las preferentes que está siendo investigada.

En un auto dictado hoy, Andreu decide incorporar los correos corporativos de Blesa, y dejar fuera todos aquellos de carácter personal que se filtraron meses atrás a la prensa. Por eso, requiere a las entidades Banco Financiero y de Ahorros y Bankia para que remitan «a la mayor brevedad posible» los correos electrónicos.

El juez pide los correos enviados en cualquier formato y que hayan sido emitidos o recibidos por Miguel Blesa «a través del correo electrónico corporativo de Caja Madrid durante el año 2009» y en conversación con miembros de la Comisión Ejecutiva o del Consejo de Administración de la entidad. Para salvaguardar el derecho a la intimidad de Blesa, el juez acuerda el secreto de estas actuaciones y explica en su auto que se descartan todos aquellos correos que no tengan relación con los hechos investigados.

Para ello, los correos serán examinados por el juez y en su caso por el Ministerio Fiscal, bajo la fe de la secretaria judicial y dándose oportunidad al querellado de que asista con un letrado.

De esta forma el juez responde a una nueva petición de unos querellantes en la que acotaban su solicitud a los correos corporativos de Blesa, del año 2009. Andreu argumenta que hay indicios suficientes que indican como los directivos de Caja Madrid «sabían o deberían haber sabido el grave deterioro que la entidad estaba sufriendo».

El contenido de las comunicaciones que sobre este particular pudieran haber mantenido los directivos de la entidad y, singularmente su presidente, puede constituir «un valioso acervo en las presentes diligencias dirigido a determinar la naturaleza y circunstancias en que ocurrieron los hechos investigados».

Entiende el juez que lo acaecido con las preferentes son hechos cuya gravedad, trascendencia social y económica son de tal importancia que justifican la medida adoptada«. Insiste en que el correo corporativo es un «instrumento que se facilita a los trabajadores para desarrollar su actividad laboral y que las comunicaciones que se incorporarán serán únicamente las mantenidas con la cúpula directiva de la entidad.

Mientras el juez Elpido Silva instruía el caso, se filtraron decenas de correos personales de Blesa. El pasado mes de marzo, este mismo magistrado rechazó incorporar esos correos porque fueron obtenidos «ilícitamente», por lo que cualquier dato procedente de ellos «generaría la nulidad (…) de todo aquello que dicha información genere».

Andreu recordaba entonces que la providencia del juez Silva que autorizaba la incautación de los correos fue declarada nula por la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que vulneraba el derecho de defensa, el derecho a la intimidad personal y el secreto de las comunicaciones. Esto «impide la incorporación a este procedimiento de los correos electrónicos, toda vez que la prueba ha sido ilícitamente obtenida», señalaba aquel auto.

Sn embargo, los afectados por las preferentes creen que la correspondencia de Blesa «puede contener pruebas de la planificación llevada a cabo desde Caja Madrid para una capitalización de la entidad mediante la venta de preferentes».