La presión de los pensionistas en la calle y la necesidad de negociar con el PNV la aprobación de los presupuestos obligaron al gobierno a dejar sin efecto dos factores clave de la reforma de las pensiones acometida en 2013: la regla de revalorización anual del 0,25% y el «factor de sostenibilidad». Este último, que entraba en vigencia el 1º de enero de 2019 (y que suponía la reducción del monto de las nuevas pensiones), fue entonces postergado hasta 2023.

Esta contramarcha del gobierno ha destrabado las negociaciones de los partidos del Pacto de Toledo, el grupo que desde 1996 se reúne periódicamente para estudiar y recomendar las políticas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.  Los portavoces de la mayoría de los partidos coinciden en que ya hay «humo blanco» en torno a algunos puntos, si bien siguen existiendo muchas divergencias. Así lo han hecho saber hoy lunes durante un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de la Información Económica (Apie).

PUNTOS DE CONSENSO: REPENSAR EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD Y «REGRESAR AL IPC»

El principal punto de acuerdo es la necesidad de reconsiderar el «factor de sostenibilidad», el cual ataba el cálculo de las pensiones a la esperanza de vida después de los 65 años y que iba a reducir las nuevas pensiones un 0,5% a partir de 2019 (75 euros menos al año para la pensión media).  Incluso el portavoz adjunto del Partido Popular, José María Barrios, ha dicho que «hay mucho tiempo para repensarlo», dejando entrever que los populares estarían abiertos a suprimirlo antes de que entre en vigencia en 2023.

El retorno a la revalorización de las pensiones en función del IPC es otro punto donde hay acuerdo, si bien el representante del PP se muestra partidario de una «mayor flexibilidad» para que la revalorización incluya variables como el crecimiento del PIB. La vuelta a este criterio supondría para la portavoz del PSOE, Mercè Perea, «regresar al punto de partida» y una «revitalización del Pacto de Toledo», pues considera que la introducción del 0,25% fue una decisión unilateral del gobierno.

También habría acuerdo en elevar el umbral de acceso a los complementos a mínimos (el monto con que el Estado «completa» las pensiones contributivas que no alcanzan el mínimo legal), aunque hay diferencias en cuanto debe ser dicho umbral.

Todos los grupos coinciden también en que la financiación de ciertos gastos administrativos o «impropios» del sistema de pensiones pasen a a sufragarse con cargo a ingresos de los presupuestos y no con las cotizaciones a la seguridad social.

Más allá de estos elementos, parece haber claridad en cuanto a que el objetivo sigue siendo garantizar la «sostenibilidad financiera» del sistema de pensiones. A este respecto, el Portavoz de Ciudadanos del Pacto, Sergio del Campo, afirma que los expertos «nos han abierto los ojos». El reto parece ser entonces que esta sostenibilidad se logre sin afectar el poder adquisitivo de las pensiones actuales y futuras. Es aquí donde las propuestas para encarar este reto difieren radicalmente entre los distintos grupos parlamentarios.

DIVERGENCIAS IMPORTANTES

Para las representantes del PSOE,  Mercè Perea, y Unidos-Podemos-En Comù-Podem, Aina Vidal, es necesario atacar el problema por el lado de los ingresos. Para Vidal no se trata de «un tema de gastos» y por tanto propone la creación de nuevos impuestos y el «destope» de las cotizaciones. De manera similar, Perea (PSOE) aboga por nuevos impuestos a la banca o a las transacciones financieras. Se mostró receptiva a la iniciativa de un impuesto a las multinacionales digitales, la llamada «tasa Google», si bien destacó que desde el gobierno no ha se ha explicado con claridad el tema.

Por contra, Ciudadanos, representado por Del Campo, no cree necesario recurrir a nuevos impuestos. Para la formación naranja, la sostenibilidad del sistema pasa por incorporar los «pilares complementarios». En este sentido, propone incentivar los planes de pensiones contratados por las empresas (el segundo pilar), que hoy representan una fracción insignificante de las pensiones; y  plantea además que el Estado cree mejores condiciones de acceso a los planes de capitalización individuales. Además, la formación naranja propone que se acelere la aplicación de dos medidas adoptadas en la reforma de 2011 (la última refrendada por el Pacto), y que hoy se aplican gradualmente: el aumento de la edad de jubilación (de 65 a 67 años) y del número de años para el cálculo (de 15 a 25 años). En particular, Del Campo (Ciudadanos) asegura que hay estudios que demuestran que si se mantienen las reformas de 2011 y 2013 el sistema es sostenible sin necesidad de mayores cambios.

Por otra parte, el PP, acompañado por el PNV, propone que en tiempos de crisis las pensiones más bajas se aumenten en mayor proporción que las altas. A esta propuesta se opone frontalmente el PSOE pues, según Perea, resulta difícil definir a partir de que monto una pensión se considera baja, y esto acabaría creando división entre los pensionistas.

LA INCERTIDUMBRE POLITICA DIFICULTA UNA REFORMA DEL PACTO EN EL CORTO PLAZO

Frente a la posibilidad de que prospere la moción de censura contra el gobierno de Rajoy, la mayoría de los miembros del Pacto coinciden en que un adelanto de elecciones echaría por tierra el trabajo actual del grupo, pues la elección de una nueva legislatura obviamente cambiaría la composición del Congreso y, por tanto, de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo. Según Perea, «no se puede dejar el Pacto de Toledo al albur del gobierno de turno» y de ahí la necesidad de plasmar en un documento las nuevas reformas lo antes posible. Sin embargo, ninguno de los miembros del Pacto quiso avanzar cuando podrían estar listas las nuevas recomendaciones.

MINISTRA BÁÑEZ: «SE HAN ALCANZADO ACUERDOS PARCIALES»

Por su parte, la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bánez, se pronunció hoy sobre los avances en la reforma del Pacto, asegurando que «hay acuerdos parciales en más de la mitad de las recomendaciones» y que ve posible un acuerdo para el verano de este mismo año. Recordó que la situación de la Seguridad Social ha mejorado este año, reflejándose en un «record absoluto en recaudación» a razón de 10.000 millones de euros mensuales. Afirmó además que la verdadera «garantía de la pensiones» es la creación de empleo.