El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes las normativas que componen la nueva Política Agrícola Común (PAC) que se aplicará a partir de enero de 2023, con la que el bloque quiere aumentar la contribución del sector agrario a la lucha contra el cambio climático y crea un nuevo modelo de gestión basado en los planes estratégicos nacionales.

El reglamento de planes estratégicos ha salido adelante con 452 votos a favor, 178 en contra y 57 abstenciones; el reglamento de Organización Común de Mercados ha sido aprobado con 487 votos a favor, 130 en contra y 71 abstenciones; y el reglamento ‘horizontal’ sobre financiación, gestión y supervisión contado con el apoyo de 485 eurodiputados, mientras que 142 han votado en contra y 61 se han abstenido.

De esta forma, el paquete legislativo que compone la nueva PAC ha sido aprobado con el apoyo mayoritario del Partido Popular Europeo, los Socialistas y Demócratas, los liberales de Renovar Europa y los Conservadores y Reformistas Europeo (ECR). Por contra, Los Verdes y La Izquierda, han hecho campaña en contra de la nueva PAC, por considerar que su arquitectura verde no es lo suficientemente ambiciosa.

La PAC es la mayor partida del presupuesto comunitario con una dotación de 380.000 millones de euros para el periodo 2021-2027, A España le corresponden unos 37.000 millones en pagos directos para los agricultores y ganaderos y casi 8.000 millones para desarrollo rural durante los siete años.

Con la reforma, se introduce un nuevo modelo de gestión que estará basado en los planes estratégicos nacionales que elaborarán los gobiernos del bloque en función de una serie de objetivos e indicadores comunes. Estos planes tendrán que ser examinados y aprobados después por la Comisión Europea.

En el debate de la Eurocámara que ha tenido lugar antes del voto, el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha prometido a los eurodiputados «total transparencia» y ha garantizado que hará públicas las cartas con observaciones que enviará a los gobiernos tras un primer análisis de sus planes para que incluyan mejoras en los mismos.

LOS NUEVOS ECOESQUEMAS

La otra gran novedad de la PAC que se aplicará a partir de 2023 será la introducción de los nuevos regímenes ecológocos o ecoesquemas, un nuevo pago que los países tendrán que ofrecer obligatoriamente a sus productores, aunque estos podrán decidir si se acogen a ellos o no.

Estas nuevas ayudas buscan compensar a aquellos agricultores y ganaderos que adopten prácticas beneficiosas para el medio ambiente que sean más ambiciosas de los requisitos obligatorios y su dotación mínima fue precisamente el principal punto de desenuentro en las negociaciones entre eurodiputados y Estados miembros.

El acuerdo final optó por un punto intermedio entre las pretensiones de ambas partes y establece que se tendrá que dedicar un 25% de las ayudas directas a estos nuevos regímenes ecológicos. Los Veintisiete, que eran menos ambiciosos, lograron establecer una serie de cláusulas de flexibilidad y pactaron fijar un periodo de aprendizaje de dos años el que se podrá destinar solo un 20% a los ecoesquemas, entre otras cuestiones.

Otro punto que dividió hasta el último momento a los eurodiputados y las capitales antes del acuerdo de junio fue el nuevo mecanismo para hacer que las ayudas de la PAC estén mejor repartidas.

El pacto establece que al menos un 10% de los pagos directos tendrán que estar destinados a pequeñas y medianas explotaciones. Para conseguirlo, los Estados miembros podrán crear un pago extraordinario o también podrán optar por reducir progresivamente los pagos a partir de los 60.000 euros por explotación y limitarlo a 100.000 euros.

Por último, el tercer gran escollo de las negociaciones fue la «dimensión social» de la nueva PAC que el Parlamento Europeo exigió incluir. El consenso fue contemplar la creación de un mecanismo para «conectar desde 2025 como muy tarde a los inspectores laborales nacionales con las agencias de pagos de la PAC» para sancionar posibles infracciones de las normas laborales en el campo.

EURODIPUTADOS ESPAÑOLES

Los eurodiputados del PSOE han votado a favor de los tres reglamentos. En nombre de los socialistas españoles ha intervenido Clara Aguilera, quien ha destacado que la nueva PAC tiene una mayor ambición social, medioambiental y climática, algo de lo que el Parlamento Europeo «debe sentirse orgulloso».

En particular, ha subrayado que se haya incluido la condicionalidad social, que se reconozca el papel de las mujeres en el mundo rural, que contenga un mayor apoyo para los jóvenes agricultores, que se haya ampliado el pago redistributivo y que cuente con una condicionalidad climática «reforzada».

Por parte del Partido Popular –que se ha abstenido en el reglamento de los planes estratégicos y ha apoyado los otros dos– el eurodiputado Juan Ignacio Zoido ha aplaudido que durante las negociaciones con los gobiernos se haya puesto «freno» a medidas «radicales», aunque también ha admitido que la nueva PAC «no es la ideal» para su formación porque contiene «muchos menos fondos precisamente cuando más lo necesitan agricultores y ganaderos».

Ahora, ha defendido, corresponde al Gobierno de Sánchez «aplicar toda la flexibilidad» de la PAC para «adaptarse a las necesidades del campo español», que atraviesa un «momento crítico» debido a unos precios de las materias primas «disparados» y a un precio de la electricidad «batiendo récords».

Ciudadanos ha apoyado las tres normativas y el eurodiputado de la formación naranja Adrián Vazquez ha remarcado que la nueva PAC «no es perfecta», pero ha defendido que garantiza seguridad jurídica y financiación al sector primario, mantiene la capacidad productiva, asegura que los productores trabajen en nas «condiciones económicas justas» y respeta los objetivos del Pacto Verde «sin perder de vista la sostenibilidad social».

Por parte de Vox –que al igual que el PP se ha abstenido en las normas sobre planes estratégicos– la eurodiputada Mazaly Aguilar ha criticado que la nueva PAC supone un «cambio de modelo» que convierte a agricultores y ganaderos «en meros jardineros supeditados a los despachos de Bruselas», así como que el 40% de su presupuesto esté dedicada a cuestiones ‘verdes’ mientras se «marginan» otras necesidades de un sector que está «en números rojos».