En España, la Ley 41/2003 tiene por objetivo regular la protección patrimonial de las personas con discapacidad, un concepto denominado patrimonio protegido.

Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2020, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 4,38 millones de personas declaran tener alguna discapacidad, mientras que el porcentaje de quienes acceden a conformar un patrimonio protegido es mucho menor.

El concepto jurídico de patrimonio protegido tiene como objetivo resguardar los bienes y derechos de personas con discapacidad intelectual o enfermedades mentales, que les impiden gestionar sus propios recursos de manera autónoma. Estos bienes y derechos son gestionados por un tutor legal, que se encarga de proteger los intereses de la persona.

Debido a la complejidad que supone la protección patrimonial y ceder la tutela del mismo a otra persona, siempre se recomienda buscar asesoramiento legal profesional con expertos en el tema. El equipo de ETL ILIA, parte del grupo ETL GLOBAL, cuenta con una red de 100 despachos de abogados, asesores fiscales, auditores y consultores distribuidos en España, capacitados con las herramientas necesarias para asesorar y llevar a cabo procesos de protección patrimonial.

El proceso de creación del patrimonio protegido

El primer paso es buscar asesoramiento legal. Un equipo de abogados especializados en patrimonio protegido es esencial en el proceso como guía para entender los requisitos legales y fiscales necesarios para iniciar y llevar a cabo el trámite para crear un patrimonio protegido. Además, ayudan a completar los documentos necesarios y hacer las presentaciones oportunas.

El siguiente paso es elegir el tipo de patrimonio protegido que se desea crear. En este punto hay dos opciones principales: el patrimonio protegido ordinario y el patrimonio protegido de las personas con discapacidad. En este último caso, se debe iniciar un procedimiento judicial para acreditar la discapacidad o enfermedad mental de la persona, así como la necesidad de establecer un sistema de protección para sus bienes y derechos. Una vez obtenida la autorización judicial, se procede a la creación del patrimonio protegido.

El tercer paso es, precisamente, crear el patrimonio protegido en sí. Esto implica completar y presentar los formularios necesarios. Es en este punto donde se debe tener en cuenta el precio de la escritura del patrimonio protegido, ya que esto puede variar según la comunidad autónoma.

Una vez creado el patrimonio protegido es necesario realizar los aportes que sean requeridos. Esto puede incluir dinero, propiedades, inversiones y otros activos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos.

Finalmente, una vez establecido el patrimonio protegido, se deben mantener registros precisos de las transacciones y aportes realizados, así como presentar la declaración anual correspondiente. Además, es importante asegurarse de que se cumplan todas las obligaciones fiscales y legales, incluida la fiscalidad del patrimonio protegido.

La fiscalidad del patrimonio protegido

Los bienes y derechos del patrimonio protegido cuentan con un régimen tributario propio, que contempla una serie de exenciones fiscales, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto sobre el Patrimonio. Asimismo, los rendimientos generados por el patrimonio protegido están sujetos a un tipo impositivo reducido.

Debido a la complejidad de requerimientos legales y fiscales, el asesoramiento jurídico y contable a cargo de expertos en patrimonio protegido es fundamental para garantizar la correcta gestión y protección de los bienes y derechos de las personas con discapacidad. Los profesionales de ETL ILIA ofrecen asesoramiento integral de principio a fin, jurídico, fiscal y financiero especializado, adaptado a las necesidades específicas de cada caso.