El PP acusa a la coalición de Gobierno de usar “el rodillo” para vetar comparecencias clave en Presupuestos

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El Grupo Parlamentario Popular acusó este sábado la coalición de Gobierno de PSOE y Podemos de aplicar “el rodillo” parlamentario para vetar comparecencias clave en la Comisión de Presupuestos, como la solicitado de Iván Redondo, jefe de gabinete de Pedro Sánchez y que será “encargado de gestionar la Oficina de los fondos europeos de reconstrucción”.

A través de un comunicado, el PP denunció este veto supone “una auténtica vergüenza y un atropello” a la tradición parlamentaria que dicta que los secretarios de Estado que dirigen unidades de gasto deban comparecer durante la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas.

De igual modo, criticó que PSOE y Podemos usaron su “rodillo parlamentario” para rechazar otra serie de comparecencias de altos cargos solicitadas por el GPP y que, de forma tradicional, se celebran durante este trámite previo de comparecencias, limitando así la capacidad de la oposición de ejercer su función.

Aseguró que esto mismo se ha producido también con los plazos de los diferentes trámites de este Proyecto de Ley, que se han comprimido como nunca en la historia del Parlamento, lo que limita la capacidad de análisis de la oposición sobre la principal Ley del año.

Por lo tanto, además de Iván Redondo, tampoco comparecerán otros altos cargos pedidos por el PP como el secretario general para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, el secretario de Estado de Comunicación, el secretario general de la Presidencia del Gobierno, el secretario general de la Administración Digital, el director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el secretario general de Función Pública y el secretaria general de Coordinación Territorial.

El portavoz de Presupuestos del PP, Víctor Píriz, calificó de “escándalo” la actitud de veto del PSOE a comparecencias consideradas clave por el PP para explicar las cuentas del Ejecutivo, a la vez que “un insulto” al Parlamento por parte de la coalición del Gobierno por “hurtar a los representantes de los ciudadanos su labor de oposición para poder preguntar y obtener información de muchos de los altos cargos del Ejecutivo”.

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