«Vamos a seguir defendiendo que el impuesto de actos jurídicos documentados sea el tipo cero porque es la única manera de garantizar que el consumidor no tenga que pagar al final el impuesto», refirió a preguntas sobre la nueva regulación en la Cámara Baja.

Según Floriano, los partidos políticos han acordado incluir en la ley de crédito inmobiliario los gastos asociados a la constitución de la hipoteca, incluído el citado tributo, con una modificación al texto refundido que regula la ley de actos jurídicos documentados para poder así determinar quien lo paga.

«El acuerdo es que sea en esa ley de crédito inmobiliario y no en el decreto que aprobó el Consejo de Ministros el jueves pasado», aseguró y sostuvo que aún deben discutir y cerrar «quien paga efectivamente cada cosa».

Los partidos han acordado que la mayoría de los gastos de constitución los asuma la entidad financiera (notaría, registro, impuesto..) y el cliente abone la tasación inmobiliaria, según fuentes parlamentarias.

Floriano precisó, sin embargo, que no está cerrado del todo dicho reparto y defendió que a la hora de decidir el pagador de las tasaciones habrá que tener presente «que es el consumidor el que tiene la capacidad de elegir quién va a hacer finalmente la tasación». «También habrá que tener en cuenta si quien solicita una copia de la inscripción registral sea también quien tenga que pagarlo o no», apuntó