Además de inflarse las partidas de ingresos, Aragón, Extremadura, Valencia, Baleares y Castilla la Mancha denuncian la trampa de ‘la cuenta 409’ que disfraza el impago de facturas
Las facturas en el cajón se llaman ahora cuenta 409. Durante la pasada legislatura nos hemos cansado de escuchar de boca de dirigentes y barones populares –cada uno en su ámbito- que los gobiernos del Partido Socialista se financiaban a costa de no pagar a sus proveedores. Pues bien, la ingeniería fiscal del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro ha ‘sibilinizado’ una práctica cuyo resultado viene a ser el mismo y a costa de los mismos.
Por el momento, quienes han dado la voz de alerta han sido las Comunidades Autónomas en las que los ciudadanos, muchos de ellos proveedores de la propia Administración, optaron por un cambio de Gobierno. Aragón, Valencia, Extremadura, Castilla la Mancha y Baleares, han recibido una herencia de más de 2.400 millones de euros de gastos sin presupuestar por el PP, la mayoría correspondientes a pagos a proveedores y funcionarios de las áreas de sanidad y educación. Dinero que iba directo a la mencionada cuenta 409, que si bien reconoce la existencia de la deuda no implica que se vayan a pagar, puesto que no hay presupuesto consignado al efecto.
Una trampa más que se agrava por la, en palabras de fuentes autonómicas con las que ha podido hablar Diario Financiero, “connivencia” entre Gobierno central y autonómico. Es decir, Montoro y su Ministerio no sólo tendrían plena conciencia de la existencia de nuevas facturas en el cajón sino que permitían que éstas no se abonasen a partir de las fisuras de una estrategia que disfraza el déficit real y presupuesta ingresos sobredimensionados.
Aragón y Extremadura, 1.270 millones
Indignación y sorpresa habrían reflejado las caras de Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón (DGA) y Fernando Gimeno, su consejero de Hacienda, al ver el Informe sobre la situación económico – financiera de la Comunidad Autónoma de Aragón elaborado por la Intervención General (integrada por funcionarios adscritos a la Administración General del Estado).
El informe firmado el 5 de octubre de 2015 por la interventora general Ana Gómez y al que ha tenido acceso Diario Financiero, demuestra que se sobredimensionaron en 173 millones los ingresos “procedentes de tributos y otras fuentes”. Cantidad a la que se añaden los 620 millones de euros que se dejaron sin consignar en dicha cuenta 409, y de los cuales el casi el 70 por ciento (426 millones de euros) corresponderían al servicio de Salud. En este sentido y sólo en gastos corrientes faltarían 340,2 millones de euros y otros 85,2 para el pago de las farmacias. Educación, por su parte, anotaría un desfase de 8,9 millones. Las ayudas a la dependencia y las prestaciones del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) también habrían sido objeto del engordamiento presupuestario en 16 y 1,5 millones de euros respectivamente.
Así la diferencia entre ingresos y gastos que, tras los ajustes correspondientes, estima la DGA se elevaría a 690 millones de euros o lo que es lo mismo, Aragón habrá cerrado 2015 con un déficit del 2,01 por ciento del PIB (1,31 puntos más de lo exigido por Hacienda).
Las llamadas “partidas pintadas” por fuentes de la Junta de Extremadura sumarían 650 millones de euros, que también cargarían en su mayor parte sobre el Servicio Extremeño de Salud. Cifra que también impacta de forma directa en el incumplimiento de los acuerdos autonómicos para la estabilidad presupuestaria, “el año 2015 se cierra con un 2,99 por ciento”, se lamentan. Por otra parte y según destacan las mismas fuentes, en el desglose, aparecerían 215 millones de euros con cargo a la cuenta 409 más otros 21 millones de facturas sin tramitar.
En este sentido, lo que sí quieren dejar claro desde la Junta es que para corregir el “déficit estructural” de la comunidad no se va a “reducir el gasto en los servicios básicos (salud y educación)” lo que obliga necesariamente a incrementar los impuestos y tramos autonómicos.
Valencia y Baleares, otros 720 millones
En Valencia la corrupción y los escándalos son tan prolijos como la producción de naranjas. A 30 de junio de 2015, y según lo que se extrae del informe de intervención, las cuentas de Camps reflejan un importe global de operaciones sin presupuesto asignado, descontando las de contratos por pago aplazado, convenios con Universidades y SGR y ayudas a vivienda, ascendía a 1.182,67 millones de euros. De éstos cerca del 25 por ciento (287,49 millones) corresponderían a la deuda sanitaria y más del 18 por ciento (216,55 millones) a pagos pendientes del CIEGSA (Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA). Tampoco se incluyen en dicho importe los 99,25 millones de euros de facturas pendientes de cobrar de las farmacias.
Hay que poner en valor la gestión de Camps y Moragues entre diciembre de 2014 y junio de 2015 en la que se consiguió reducir el acumulado en 590,5 millones. Minoración, no obstante que no se produjo en los servicios de educación y que en sanidad apenas supuso 145,47 millones.
En cuanto a sus vecinos de las Islas Baleares, el informe de intervención publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares detalla de forma expresa “no se han aplicado al presupuesto obligaciones (2.362 miles de euros) por gastos efectivamente realizados durante el ejercicio e imputados a la ‘cuenta 409’. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” (1.566 miles de euros en el ejercicio anterior).
Desfase que fuentes próximas al Govern indican que tras los ajustes correspondientes la cuantía de facturas extra presupuestadas sería de 342 millones de euros, de los que habría que descontar los 80 millones de las concesiones de carreteras. Es decir, 260 millones de euros que “nos ha obligado a hacer un ejercicio de realidad y legalizar ese gasto”.
Castilla la Mancha, el aprendiz supera al maestro
La existencia de la cuenta 409 no es algo novedoso. Corría el mes de mayo de 2012 cuando una indignada, María Dolores de Cospedal, ex – presidenta de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha denunciaba que las cuentas de su predecesor, el socialista José María Barreda eran “irreales” y que en el “cajón legal donde van las facturas para abonar al año siguiente” había acumulados más de 530 millones de euros.
Pues bien, el informe de intervención firmado con fecha 27 de agosto por Juan Alfonso Ruíz Molina, Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla la Mancha, y Francisco Javier Martín Cabeza, Interventor General, destapan que a 30 de junio había 37.328 ‘facturas en los cajones’ por un importe total de 118,8 millones de euros. Al igual que en el resto de Comunidades Autónomas, más del 22 por ciento correspondían al área de sanidad.
El ritual de la “infradotación presupuestaria” también se da en la región que preside en la actualidad Emiliano García – Page. La cuantía en este caso sería de 274 millones de euros, de los que 143 cargarían contra el SESCAM (Servicio Especial de Salud de Castilla la Mancha). A ellos habría que añadir otros 32 millones de menos en las partidas de gastos corrientes.
Aún hay más… IRPF y nóminas sin pagar…
Todo lo anterior no se queda aquí. A las facturas de los miles de proveedores que llevan esperando, en algunos casos, hasta casi cuatro meses para cobrar el dinero que les corresponde por haber hecho su trabajo, se suma la deuda por el impago del IRPF de las nóminas de los funcionarios. También, y al igual que en el caso de las facturas impagadas, en su mayor parte de las áreas de sanidad y educación.
Según ha podido saber Diario Financiero, tanto en la Generalitat Valenciana como en el Govern de las Islas Baleares hay partidas de IRPF sin pagar a Hacienda. Francesc Camps, ex presidente del PP de la región levantina y su Conseller de Economía, Juan Carlos Moragues, dejaron sin pagar a Hacienda un montante de 477 millones de euros en retenciones. Algo que según explican fuentes próximas a la Consellería de Hacienda que preside ahora el socialista Ximo Puig justificaría “la retención de los 63 millones de euros correspondientes a las retenciones impagadas de noviembre de 2014 en la transferencia del FLA del mes de diciembre. Un desastre que nos rompe la tesorería” y al que hay que sumar los 41 millones que se piden desde Madrid por los intereses de demora.
Por su parte, en Baleares reconocen que de los 260 millones de euros de deuda no presupuestada, quince se corresponden con IRPF no abonado al Gobierno central. Cantidad a la que habría que añadir los 60 millones de euros de nóminas no pagadas a funcionarios, entre los que se encuentran algunos de los sustitutos de los servicios de salud balear así como los 350 profesores que se incorporaron a colegios e institutos por las exigencias de la LOMCE.
En Aragón también se da la misma circunstancia. En el informe de intervención se explica que las dotaciones previstas en el capítulo de gastos de personal de los presupuestos de 2015 “son insuficientes” para cubrir las nóminas de los trabajadores públicos de la Administración y del organismo autónomo de salud “los porcentajes de ejecución son más altos, situándose por encima del 70 por ciento, lo que indica que con total seguridad van a necesitar crédito adicional para acabar el año”. En concreto en Educación el desfase sería de 62,4 millones de euros más 15 de las transferencias a la enseñanza concertada. En el caso del personal sanitario el negativo sería de 86,2 millones.
Para poder afrontar el pago de las mismas Fernando Gimeno, consejero de Hacienda aragonés, ordenó retener una serie de gastos. Por otra parte y en aras de subsanar y acallar voces, Hacienda autorizó durante el último semestre del año pasado al gobierno que preside Javier Lamban una refinanciación de hasta 238 millones de euros para “sanear y relanzar todo el sector público empresarial de la Comunidad”.
Los extremeños también están sufriendo los descuadres en las cuentas elaboradas por Gobierno del expresidente popular José Antonio Monago. Fuentes de la Consejería de Hacienda de la Junta ponen el acento en que “el último cuatrimestre de las nóminas de los funcionarios no estaban presupuestadas”.
Unos 99 millones de euros adicionales es lo que calculó la intervención castellano manchega que se necesitarían para poder pagar las nóminas de sus funcionarios porque a 30 de junio “el nivel de ejecución era superior al 50 por ciento”, detallan.
Extrema vigilancia
Desde el Ministerio de Hacienda, por su parte, niegan que se haya hecho la vista gorda y afirman que dichas autonomías, y más concretamente Extremadura “están en situación de extrema vigilancia. No pueden avalar ni pedir créditos”. Además explican que tal y como se especifica en los respectivos PEF (Planes Económico Financieros) “deben dar cumplimiento a la deuda pendiente con el último pago de los mecanismos de financiación autonómica”.
No obstante, no será hasta el mes de marzo cuando conozcamos el grado de ejecución de dicho compromiso y la efectividad de las transferencias debido a los dos meses de decalaje existentes entre las fechas en las que se ordenan las transferencias y la publicación efectiva de los datos.
Pese a los 6,51 millones de facturas -procedentes de todas las administraciones- por importe de 34,82 millones de euros que se han registrado en el FACe (Punto de Entrada de Facturas Electrónicas) y que se suponen controladas por Hacienda, lo cierto es que la deuda comercial (con proveedores) de las Comunidades Autónomas a cierre del mes de noviembre ascendía a 12.554.101,46 euros.
Adolfo Jiménez, presidente de Asefiget, explica a este respecto que aunque “se está mejorando mucho nos están contando patrañas”. Jiménez explica que “no es aceptable que se utilicen trampas como la de la cuenta 409 con el objetivo de enmascarar el déficit”.
Lo cierto es que pese a que estén sin abonar dichas facturas al ser deuda reconocida “sí que deberían computar como déficit”, explican desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, e insite “deberían”. Su portavoz indica que aunque desconoce el detalle de lo que ocurre en cada una de las comunidades autónomas, lo cierto es que ve “mucho más probable” que este procedimiento se practique con más regularidad de la debida a nivel local porque permite ajustar las cuentas.
APOYO: Presionar con el FLA
Precisamente y en relación con el cumplimiento de los objetivos de déficit y a la importancia que en ello tienen las transferencias extraordinarias de los mecanismos de financiación autonómica -Fondo de Facilidad Financiera (FFF) y Fondo de Liquidez Autónómica (FLA)- por la cobertura del exceso de negativo de años anteriores, fuentes de una de las comunidades autónomas consultadas opinan que el Gobierno central “puede verse tentado a paralizarlas con el objetivo de presionar” y forzar así el tripartito PP – Ciudadanos – PSOE liderado, eso sí, bien por Mariano Rajoy bien algún otro ministro en funciones o cabeza de lista popular. Algo que temen también desde la comunidad que preside Guillermo Fernández Vara “somos conscientes de que puede llegar a ocurrir” desatando un estado de parálisis en la economía de la región “bastante importante”.
Más cautos se muestran desde el Govern de las islas pitiusas, que preside la socialista Francina Armengol, desde donde manifiestan que pese a la “dependencia perversa” que suponen el FLA y la “pérdida de capacidad de autogobierno por el control draconiano de las finanzas que supone”, los pagos tanto ordinarios como extraordinarios “deberían estar comprometidos porque es el oxígeno que nos permite vivir”.
De hecho, los temores cada vez se van disipando. Al cierre de esta edición conocíamos, mediante un comunicado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que las Comunidades Autónomas recibirán durante el primer trimestre de este año un total de 6.113,61 millones de euros (5.834,30 del FLA y 279,31 del Fondo de Facilidad Financiera).
Además, cabe recordar en este punto que el propio Mariano Rajoy, flexibilizando el no rotundo de Montoro al déficit asimétrico –respaldado incluso por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), afirmaba hace unas semanas tanto en declaraciones a la prensa como en una entrevista a Telecinco, que está dispuesto a apoyar ad hoc a los socialistas en aquellas autonomías en las que ahora Gobierna porque que “darían estabilidad y sería bueno para la economía”.
