El Congreso de los Diputados aprobó este jueves, para su remisión al Senado, la proposición de ley promovida por el PP que limita la jurisdicción universal y que podría provocar en la Audiencia Nacional el archivo de una docena de causas, como las referidas al presunto genocidio en el Tibet o la muerte en Irak del cámara español José Couso.
La reforma promovida por los populares recibió 180 votos a favor y 137 en contra, sin ninguna abstención. Además, el partido del Gobierno vio respaldada una enmienda que esta misma formación había presentado a su texto, al entender que podían quedar en el aire cuestiones como el abordaje en alta mar de buques que transportan droga.
La enmienda de los populares a su propio texto respalda la actuación de los jueces españoles en casos de abordaje en alta mar de buques que no lleven pabellón español. Asimismo, se extiende la competencia de los juzgados españoles a todos los responsables de cometer abusos sexuales en el extranjero sobre menores españoles o que residan habitualmente en España.
Antes de la votación, el PP debió escuchar duras críticas por parte de los grupos de la oposición, que acusaron a la formación de Mariano Rajoy de que, al limitar la jurisdicción universal, favorece a «tiranos» y «mafiosos», al tiempo que «entierra la esperanza de las víctimas».
«MÉTODO FRAUDULENTO»
A este respecto, Julio Villarubia, del PSOE, acusó al Gobierno de poner la «agenda económica» por encima de los derechos humanos, en el sentido de que al limitar la justicia universal se facilitan relaciones comerciales con países como China.
A su vez, Jordi Jané, de CiU, dijo que este jueves es «un mal día para la justicia», puesto que se limita «la protección internacional de los derechos humanos». El diputado convergente sostuvo que lo aprobado por el PP es claramente un «paso atrás» en este terreno.
Más dura fue la diputada de UPyD Irene Lozano, para quien la modificación legal promovida por el PP «desampara a muchos ciudadanos españoles y a la sociedad internacional». Según esta parlamentaria, limitar la jurisdicción universal favorece la impunidad de «genocidas», «mafiosos» y «tiranos».
Gaspar Llamazares, de IU, censuró que esta restricción para investigar en España casos como los del Tíbet se ha aprobado de forma «espuria y sumarísima», al entender que usar la vía de una proposición de ley para esta cuestión es un «método fraudulento».
Fuente: Servimedia
