Según el GPP «la Lomloe es un proyecto que no da respuesta a los desafíos que tendrán que afrontar las nuevas generaciones, entre los que se encuentran los que han puesto de manifiesto la crisis sanitaria del Covid-19 y que denota la falta de liderazgo de un Gobierno que deja en manos de las comunidades autónomas las competencias que la Constitución española le atribuye, y en particular, de la enseñanza del castellano y en castellano».

El PP también subraya que la norma dio sus primeros pasos «en pleno estado de alarma, vulnerando la legislación básica en vigor» y que «carece del diálogo y el consenso».

El decálogo arranca con la defensa de la libertad de elección de las familias y continúa con otros puntos como potenciar el prestigio de los docentes mediante un MIR para el profesorado; establecer un 65% de currículum nacional, común en todas las autonomías; que el castellano sea la lengua vehicular en toda España, «y donde haya lenguas cooficiales puede haber trilingüismo (inglés, castellano y lengua cooficial)»; la defensa de la educación especial; la implantación y progresión de la Formación Profesional Dual en todo el territorio nacional y reforzar la Alta Inspección Educativa «frente al adoctrinamiento, que en comunidades autónomas donde hay partidos nacionalistas gobernando, la educación están teniendo un efecto muy negativo en los alumnos».

El decálogo lo completan «una evaluación nacional de conocimientos pública», una EVAU «pública igual en toda España» y la gratuidad de la enseñanza para niños de 0 a 3 años.

El líder de los populares, Pablo Casado, trasladó estas propuestas a los representantes de las asociaciones del sector educativo FSIE, FERE, Cofapa y Concapa, en un encuentro que tuvo lugar este miércoles en el Congreso, en el que también estuvieron la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, y la portavoz adjunta del GPP, Sandra Moneo.