El PP ha registrado una moción en el Congreso instando al Gobierno a poner ya fin a la moratoria de desahucios sin alternativa habitacional, una medida que se implantó por decreto en pandemia y que sigue en vigor al irse renovando periódicamente.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, se insta al Gobierno a «dejar sin efecto la vigente suspensión de desahucios y lanzamientos, garantizando la protección de las personas en situación de vulnerabilidad sin trasladar la responsabilidad de la administración pública a los propietarios particulares».

Según recuerda el PP, la prohibición de desahucios se aprobó como algo excepcional a través de un decreto ley en los primeros meses de pandemia, pero ya lleva cuatro años en vigor con sucesivas prórrogas, lo que supone «trasladar la responsabilidad de protección social a los propietarios particulares» y autorizar «supuestos de okupación de vivienda sin ningún título habilitante para ello, amparando así una actividad delictiva».

SE VOTARÁ EN DOS SEMANAS

La moción, que es consecuencia de la interpelación que el PP dirigió el miércoles al Gobierno y que se votará en el Pleno de la semana del día 22 abril, se incluyen otras medidas contra la ‘okupación’ como «prohibir que un inmueble ocupado ilegalmente pueda tener la consideración de morada o domicilio del ocupante ilegal», declarar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal, devolver el IBI y el Impuesto de Patrimonio al propietario por el periodo que haya durado la ocupación ilegal, y legitimar a las comunidades de propietarios para tomar medidas preventivas contra la ocupación ilegal.

Además, aboga por «considerar la vivienda ocupada ilegalmente como residencia habitual de su propietario si lo era antes de la privación ilegítima de su posesión, de manera que esta situación no conlleve la pérdida de beneficios fiscales si los hubiere».

Otras medidas pasan por acometer los cambios legales pertinentes para garantizar desalojos en menos de 24 horas en casos de allanamiento de morada, reforzar las penas por delito de usurpación con hasta 3 años de cárcel, y excluir el delito de allanamiento de morada de la competencia del Tribunal del Jurado.

Además, y dada la incidencia de la ‘okupación’ en Cataluña, el PP pide reforzar los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en esa comunidad y atender las reivindicaciones salariales de los agentes, así como la creación urgente de Juzgados de lo Penal, especialmente en la ciudad de Barcelona.

HAY QUE ATAJAR ESTA LACRA

Según el PP la Ley de Vivienda que aprobó el Gobierno de coalición con ERC y Bildu se basa en «recetas opuestas a las que necesita el mercado: Intervencionismo, sectarismo, medidas contraproducentes y ataque al derecho a la propiedad privada, alargando los procedimientos de lanzamiento, dificultando que los propietarios recuperen sus viviendas okupadas y generando con ello una gran inseguridad jurídica».

A su juicio, «es urgente buscar una solución a fin de atajar esta lacra, dado que la legislación actual se ha demostrado insuficiente, incluso cómplice», por lo que se necesita mejorar el ordenamiento jurídico «para permitir una protección efectiva del derecho constitucional a la propiedad privada».

El PP sostiene que «no se debe mezclar interesadamente la ocupación ilegal con la protección a las personas en situación de vulnerabilidad». «Al okupa no se le desahucia, se le desaloja; y al vulnerable se le protege, sin que la administración pública traslade su responsabilidad a los propietarios particulares», remarcan.