El PP y Ciudadanos defenderán hoy en el Congreso dos propuestas con medidas para compensar a negocios de la hostelería afectados por la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, entre ellas sendos fondos para ayudas directas de cuantías superiores a la de 7.000 millones de euros aprobada por el Gobierno para empresas en crisis.

Así, la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara Baja debatirá dos proposiciones no de ley de estas formaciones en las que plantean ampliar esta línea de ayudas, con propuestas específicas para este sector.

Concretamente, el PP exige no menos 12.500 millones de euros para pymes, micropymes y autónomos de la hostelería, dentro de un fondo global para el resto de sectores de 50.000 millones y garantizar estas ayudas directas durante todo este año, hasta una normalización de la actividad turística y recuperación de la demanda interna.

Por su parte, Cs plantea un fondo plurianual hasta 2023 para reactivar el turismo y la hostelería de 20.000 millones de euros en ayudas directas para inversiones en la modernización y crecimiento de las empresas, la digitalización, la formación y compensar a empresas en dificultades por la crisis.

Entre sus propuestas también se contempla rebajar al 4% el IVA aplicado a servicios turísticos o vinculados, ampliar el acceso a la prestación extraordinaria para autónomos, una tarifa plana de 60 euros para aquellos que reanuden la actividad y eximir la cuota a quienes no perciban ingresos.

Asimismo, también piden un bono turístico de hasta 500 euros por persona para recuperar gastos en la compra de paquetes turísticos en agencias de viaje o estancias en alojamientos dentro de España y desarrollar corredores turísticos con los principales países emisores de turistas.

Finalmente, Vox también defenderá una proposición no de ley donde defiende la reapertura de los establecimientos hosteleros «de forma inmediata e igual en todo el territorio» nacional e indemnizar a sus titulares por la pérdida de ingresos tras la anulación del cierre de locales por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Asimismo, en su iniciativa, destaca que la decisión judicial tiene en cuenta el quebranto económico para estos negocios y cuestiona la influencia de su actividad en los contagios de Covid-19.