El presidente y consejero delegado de Aena, José Manuel Vargas, aseguró este jueves en el Senado que «no hay previstas reducciones adicionales de plantilla» en el gestor aeroportuario tras la privatización.

Vargas hizo estas manifestaciones durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos de la Cámara Alta para presentar las cuentas de Aena en el ejercicio 2015. De esta manera, no se producirían nuevas salidas de trabajadores de Aena tras las 1.200 voluntarias ejecutadas con el ERE realizado en 2013.

Sobre la privatización, apuntó que la regulación planteada por el Gobierno en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) «es muy exigente con el operador» y «es comparable con los que existen en otros países de Europa». A este respecto, defendió que «es muy importante la separación entre regulación y operación» y señaló que su responsabilidad es optimizar la operación y no regular.

«Yo soy presidente y consejero delegado, pero no soy quien toma las decisiones de la privatización, ni las del Gobierno, ni de la compañía que privatiza Aena, que es Enaire», aclaró. En esta línea, explicó que «no se pueden cerrar aeropuertos si no lo aprueba el Consejo de Ministros» y reiteró que no tiene «competencia de decisión con respecto a cómo se privatiza; nos dedicamos a operar la compañía».

Tampoco quiso hacer ninguna previsión sobre la cuantía que puede obtener el Gobierno con esta operación. «No lo sé, lo veremos cuando salga al mercado», apuntó. En todo caso, se mostró seguro de que superará las valoraciones que tenía la compañía cuando llegó a ella y destacó que, de momento, los inversores privados que formarán parte de su capital cuando concluya la privatización la han valorado en cerca de 8.000 millones de euros.

En cuanto a su percepción, afirmó que «a Aena le viene muy bien un proceso de privatización» y añadió que «el tema de las privatizaciones de aeropuertos no es exclusivo de España, ya que es una tendencia en Europa donde se ha producido en los principales aeropuertos de Reino Unido, Francia y Alemania». Pese a ello, admitió que «existen susceptibilidades con respecto a esos procesos que afectan a un servicio público, especialmente en países de naturaleza y desarrollo asimétrico».

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