Así lo pactaron PP y Ciudadanos en una enmienda transaccional aprobada por la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados en su sesión de ayer, miércoles. El texto, establece que el Gobierno remitirá a las Cortes Generales, en los tres meses siguientes a partir de la aprobación de los PGE, un proyecto de ley sobre este impuesto.

La enmienda, además, indica que este proyecto de ley se basará en la propuesta de Impuesto sobre Servicios Digitales presentada por la Comisión Europea el pasado 21 de marzo y siguiendo una proposición no de ley que el Congreso aprobó en abril para instar al Gobierno a “garantizar una tributación efectiva de las multinacionales tecnológicas”.

Según el último Programa de Estabilidad 2018-2021 remitido por el Gobierno a Bruselas así como las declaraciones en las últimas semanas de los ministros de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y el de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, la previsión del Ejecutivo es recaudar 600 millones de euros en 2018.

Sin embargo, otros actores, como el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), o la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), entre otros, dudan, por un lado, de que este impuesto sea desarrollado a tiempo para empezar a recaudar en 2018 y, por otro, de que consiga ingresar lo previsto por el Gobierno. En este sentido, en el día de ayer Montoro aseguró en un acto que “no es complicado” poner en marcha este año el impuesto y recaudar con él los 600 millones calculados.