El secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, afirmó este jueves que ve «con mucho pesimismo» una posibilidad de acuerdo con el PP respecto al proyecto de Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, Pradas se refirió a las medidas que para su partido son «fundamentales» y que deberían incluirse no sólo en la norma de altos cargos, sino también en la reforma del Código Penal y en la de financiación de partidos políticos. Entre las enmiendas presentadas por el PSOE a la regulación del alto cargo está la de suspender a un cargo público de sus funciones en el momento de la apertura del juicio oral, propuesta que el PP no ha aceptado.

Por ello, Pradas ve «con mucho pesimismo la posibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo en esta materia», aunque manifestó que su grupo parlamentario seguirá introduciendo el mayor número de enmiendas posible en esta norma. Sobre este proyecto de Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado queda ahora el debate en comisión, prevista para el 14 de enero, donde se someterá a votación, ya que la comisión cuenta con competencia legislativa plena y por lo tabnto el texto no irá a Pleno.

Por su parte, el diputado de La Izquierda Plural Joan Josep Nuet alertó de que sería «decepcionante» que el PSOE se abrazara «a un barco que se hunde» y respaldara una iniciativa legislativa cuyo contenido «no se corresponde» con el discurso y con lo que los ciudadanos demandan.

La Izquierda Plural pide, entre otras cosas, que los cargos públicos tengan que cesar cuando sean imputados con acusaciones concretas por corrupción inmediatamente antes del procesamiento. Pradas negó que haya un acuerdo con el PP y dijo que estas declaraciones de Nuet responden a una «especulación gratuita».

En la última ponencia para informar de este proyecto de ley en la Cámara Baja, que tuvo lugar el pasado 23 de diciembre, Pradas aseguró que existía un consenso generalizado en la voluntad de acometer reformas para ganar en transparencia y en prevención de la corrupción. Sin embargo, reconoció que existen también «diferencias» que todos se han comprometido a analizar para acercar posturas de cara a la aprobación del texto que regulará la financiación de los partidos políticos.

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