El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley de recorte de beneficios extraordinarios de las eléctricas por el sobrecoste del gas no asumido, y ha aprobado su tramitación sin cambios al rechazar que su admisión como proyecto de ley.

Así, además del PSOE y Unidas Podemos, fuerzas que integran el Gobierno de coalición y que suman 155 votos, han apoyado el decreto ley Esquerra Republicana (13), EH-Bildu (5), la CUP (2), Más País-Equo (2), el BNG (1), Compromís (1) Teruel Existe (1) y el PRC (1) y Nueva Canarias (1).

Un total de 182 diputados, por encima de la mayoría absoluta, frente al rechazo de los 152 diputados del PP (88 diputados), Vox (52), Ciudadanos (9), UPN (2) y Foro Asturias (1). El PNV (6) y Junts (4) y el PDeCAT (4) se han abstenido.

RIBERA PLANTEA LIBRAR AL SUMINISTRO INDUSTRIAL A PRECIO RAZONABLE

Durante su defensa del decreto ley, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha recalcado el carácter temporal de la mayoría de medidas incluidas –el recorte a la sobrerretribución es hasta el 31 de marzo–, pero ha asegurado que trabaja para no aplicarlo al suministro de energía a las industrias a «precios razonables».

Concretamente, ha afirmado que el objetivo es no aplicar este recorte a «quienes garanticen ‘exnovo’ precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas», con el fin de «impulsar la cobertura de precios razonables para la industria».

Más tarde, la vicepresidenta ha aclarado que negocia con la industria y con las eléctricas las condiciones de suministro a las plantas para favorecer contratos a medio y largo plazo a precios estables, anteriores a la actual escalada de precios. A estas alturas, asegura que «las previsiones de septiembre (cuando se aprobó este decreto ley) han quedado desfasadas», algo que «obliga a revisar medidas adoptadas ya» y «adaptarlas».

«LOS COSTES REALES NO SE CORRESPONDEN CON LOS PRECIOS»

Todo ello durante la defensa en la Cámara Baja del decreto ley con un plan de choque frente a la escalada de precios de la electricidad, y cuya principal medida es el recorte a los beneficios extraordinarios de las eléctricas, que sin asumir el sobrecoste del gas en los mercados internacionales, han recibido retribuciones muy por encima de sus costes de generación por este alza.

La vicepresidenta ha explicado las causas que han provocado un encarecimiento del gas en los mercados internacionales y ha esgrimido que esta causa «no puede traducirse en un incremento de toda la electricidad», por lo que cree que mantener el actual mercado marginalista «no es viable» ante una situación de este tipo que se prolongue en el tiempo.

«Sobre todo cuando los costes reales de generación no se corresponden con el incremento de precios medios del sistema», ha abundado Ribera. Las estimaciones del Gobierno es que cada encarecimiento en 1 euro/MWh en el precio del gas supone en los mercados mayoristas 2 euros/MWh más, y todo ello independientemente de «cuánta energía barata» hubiera en el ‘pool’, debido a este funcionamiento.

EL PP Y VOX VEN EL RECORTE COMO UN NUEVO IMPUESTO

Tras Ribera, el PP, que ha pedido utilizar el turno en contra para explicitar su frontal oposición al decreto, ha acusado a Ribera de propiciar una situación al no acometer inversiones necesarias en el suministro de gas, acabar con el carbón y plantear además un cierre acelerado de la nuclear.

Asimismo, su diputado Guillermo Mariscal le ha acusado, a la vicepresidenta y al resto de diputados que no rechacen el decreto, de ser «corresponsables» de las dificultades de la industria. Respecto a la intervención en los beneficios, ha encuadrado la evolución en los precios de la electricidad en una reacción de las compañías. «¿Cuándo aprenderán que cuando aplican un impuesto se traslada al consumidor?», se ha preguntado.

José María Figaredo, de Vox, también ha encuadrado el recorte de beneficios como si de un impuesto se tratara, pero en este caso para recortar el coste del gas que estas tecnologías no emplean. Y es que, efectivamente, el recorte busca compensar los sobreprecios provocados por el gas en tecnologías que no lo usan y, por tanto, se benefician de un precio más elevado sin tener que sufrir los mayores costes.

«¿POR QUÉ CHANTAJEAN? CHANTAJEAN PORQUE PUEDEN»

En el debate parlamentario, la izquierda parlamentaria ha aplaudido las medidas, si bien han lamentado que tengan carácter temporal y que no vayan más allá. Esquerra Republicana le ha recordado que aún tiene pendiente una «reforma integral, valiente» del mercado eléctrico, a la que obliga por ley la nueva Ley de Cambio Climático, mientras que Bildu ha recordado las palabras del portavoz del PNV, Aitor Esteban, al presidente Pedro Sánchez sobre el futuro de su Gobierno.

«Lo que puede hacer caer al Gobierno es que se siga dejando a las eléctricas ganar todo el dinero a costa de las clases populares. Fueron las clases populares las que pusieron a este Gobierno y no las eléctricas», ha reivindicado Oskar Matute, asumiendo una «situación de secuestro» y «chantaje» por parte de las grandes compañías.

«¿Por qué chantajean? Porque pueden, porque le regalaron el balón, el árbitro y hasta el campo. Y ahora creen que pueden decidir cómo jugar el partido», ha espetado Inés Sabanés (Más País-Equo), considerando como «traición» la oposición al decreto.

QUE NO PUEDAN «JUGAR» CON SUS CENTRALES SEGÚN LES CONVENGA

Por parte de Unidas Podemos ha intervenido su portavoz, Pablo Echenique, para agradecer a Ribera un decreto «valiente» y pedirle «que no ceda a las presiones»: «A nosotros sólamente nos da órdenes la gente mediante el voto», ha subrayado, diciendo que, con su grupo, «nunca más un decreto va a volver a llevar el logotipo del oligopolio». Antes, había recordado cómo a un Consejo de Ministros con Adolfo Suárez llegó un plan energético con el membrete de la propia patronal eléctrica.

Aun concediendo que el sistema marginalista debe ser revisado y que hay que evitar que las eléctricas con diferentes centrales «jueguen con ellas», activándolas y paralizándolas «para lograr más beneficio» o incluso «modificar los precios», el PNV ha asegurado que el decreto «si no se modula o se corrige», acabará consiguiendo «el efecto contrario» al perseguido.

«No se trata de ceder, sino de modular para no perjudicar al precio fijo», ha dicho su portavoz económica, Idoia Sagastizabal, en referencia a los contratos bilaterales de la industria a precios estables y de larga duración.