El Salvador se convertirá este martes en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, con el objetivo de reducir los costes en los envíos de remesas, atraer inversión extranjera e impulsar el consumo interno.

En junio, el Parlamento del país aprobó la legalización de la criptodivisa. En concreto, la ley aprobada recogía que el uso de la moneda virtual será «irrestricto, con poder liberatorio e ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas quieran realizar».

El presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, ha defendido en reiteradas ocasiones esta medida por varios motivos, entre los que destacan la reducción de costes en envíos de remesas para millones de salvadoreños trabajando en el extranjero o, incluso, una oportunidad para proteger a las economías en desarrollo de posibles impactos en la inflación.

El mandatario cifraba en 400 millones de dólares (340 millones de euros) el ahorro en comisiones para los salvadoreños por la recepción de remesas desde fuera del país.

«¿Por qué creamos esta ley? Porque el bitcoin tiene un mercado de capitalización de 600.000 millones de dólares (504.000 millones de euros) a nivel global y si hacemos esto, los inversores y los turistas que tengan bitcoin vendrán al país y beneficiarán a los salvadoreños y a la economía», remarcó Bukele en uno de sus mensajes a través de redes sociales.

Con respecto al funcionamiento de la criptodivisa, el Gobierno lanzará una cartera digital que se llamará ‘Chivo’, sinónimo de ‘cool’ en el país centroamericano. Para fomentar el uso de la criptomoneda entre los salvadoreños, la Administración de Bukele ofrecerá 30 dólares (25 euros al cambio actual) en bitcoin a cualquier ciudadano que se abra una cuenta en la plataforma.

El Ejecutivo comenzó la instalación de 200 cajeros automáticos de bitcoin para convertir la moneda digital en dólares estadounidenses y poder retirarlos en efectivo. Asimismo, las transacciones serán libres de comisiones, según Bukele, quien ha incidido que también habrá 50 sucursales financieras en todo el país para retirar o depositar dinero.

El Gobierno también ha desarrollado un fondo de 150 millones de dólares (128 millones de euros) para respaldar las conversiones de bitcoin a dólares estadounidenses.

Con la nueva ley, que entrará en vigor este martes, los consumidores pueden pagar a las empresas con bitcoins desde sus cuentas por artículos listados en dólares. No obstante, si los dueños de negocios quieren recibir el pago en dólares, pueden presionar un botón en la aplicación ‘Chivo’ para convertir los bitcoins inmediatamente a dólares, según Bukele.

EL FMI ADVIERTE DE «RIESGOS SIGNIFICATIVOS» EN EL USO DEL BITCOIN.

La puesta en marcha de esta ley, sin embargo, no ha sido bien recibida por organismos y agencias internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) avisó de los riesgos de adoptar la criptodivisa como moneda de curso legal, mientras que la agencia calificadora de riesgo Fitch apuntó que la adopción del bitcoin como moneda en el país puede incrementar los riesgos regulatorios para instituciones financieras, incluyendo la posibilidad de violar leyes contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El portavoz del FMI, Gerry Rice, advirtió que la adopción del bitcoin como una moneda de curso legal en El Salvador puede implicar «riesgos significativos» y serán necesarias medidas efectivas regulatorias.

«Son muy importantes en lo que respecta a abordar este tema», apuntaba Rice durante una rueda prensa, en la que si bien no ofreció más detalles sobre la posición del Fondo en esta cuestión, sí señaló que la adopción del bitcoin como divisa de curso legal «tiene una serie de cuestiones financieras y jurídicas que requieren de un análisis muy cuidadoso».

Se advierte a los empresarios que no acepten el bitcoin como moneda de pago de su sanción

El Gobierno de El Salvador ha advertido este martes de que los empresarios que no acepten transacciones con bitcoin podrán ser sancionados de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor.

Para esto, ha indicado el asesor jurídico de la Administración de Nayib Bukele, Javier Argueta, en una entrevista, será obligatorio para pequeños, medianos y grandes comercios contar con un sistema de pagos digitales en sus móviles que les permita aceptar transacciones con bitcoin.

Argueta ha insistido en la obligatoriedad de contar con la aplicación, diseñada por el Gobierno, para transacciones digitales, reforzando las palabras que Bukele ya anunció en junio, cuando aseguró que «si hay una señora que vende fruta en el mercado, está obligada a recibir el pago en bitcoin».

Respecto a las sanciones concretas que podrán aplicarse, Argueta ha admitido que «en materia de derecho sancionatorio la ley (de bitcoin) no trae nada, sí hace referencia, por ejemplo, a una integración normativa, en una figura que se llama normas penales en blanco donde hace remisiones de infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, hace referencia también a la Ley de la Superintendencia del Sistema Financiero».

Bukele, ha anunciado este lunes que El Salvador ha comprado sus primeros 400 bitcoins, en vísperas de convertirse en el primer país del mundo en adoptarla como moneda de curso legal. Para este martes hay convocadas diversas manifestaciones para protestar contra esta ley, para la cual se ha presentado un nuevo intento de derogación en la Asamblea Legislativa salvadoreña que ha sido rechazado gracias a la mayoría absoluta de la que cuenta Bukele.

Por otro lado, el Gobierno lanzará una cartera digital que se llamará ‘Chivo’, sinónimo de ‘cool’ en el país centroamericano. Para fomentar el uso de la criptomoneda entre los salvadoreños, la Administración de Bukele ofrecerá 30 dólares (25 euros al cambio actual) en bitcoin a cualquier ciudadano que se abra una cuenta en la plataforma.

En junio, el Parlamento salvadoreño aprobó la legalización de la criptodivisa. La ley recoge que el uso de la moneda virtual será «irrestricto, con poder liberatorio e ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas quieran realizar».