El ‘sandbox’ enfila su recta final en el Congreso con la vista puesta en arrancar antes de fin de año

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El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno el pasado 18 de febrero para crear un ‘sandbox’ o campo de pruebas para testar nuevos productos y servicios financieros con innovadoras tecnologías enfila este jueves su recta final en el Congreso con la vista puesta en poder arrancar antes de fin de año.

La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital debatirá el proyecto de ley, con competencia legislativa plena, y se da por segura su aprobación dado el alto grado de entendimiento que despertó el texto, según indicaron fuentes parlamentarias.

Los grupos parlamentarios Popular, ERC, Plural, Ciudadanos y vasco (EAJ-PNV) han presentado un total de 39 enmiendas al articulado, las cuales serán debatidas y votadas en dicha Comisión, sirviendo como base el informe que ha elaborado la ponencia.

Su visto bueno implicaría la remisión al Senado, donde podría convertirse en firme de no incorporar enmiendas o retornar a la Cámara Baja si las aprobase para una sanción final, dejando así expedito su lanzamiento en un plazo de dos a tres meses, según las fuentes consultadas.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital incluyó su impulso entre las prioridades del gabinete, antes de que la crisis sanitaria por el coronavirus obligase a priorizar todas las medidas y decretos para encararla. La intención era que empezase a funcionar en 2020 y estará abierto tanto a proyectos nacionales como internacionales.

Un ‘sandbox’ se asemeja a los ensayos clínicos al ámbito sanitario, ya que permitirá probar proyectos financieros que aporten innovación tecnológica y valor añadido de una forma segura para los clientes y los mercados, sin los corsés regulatorios, pero con una férrea vigilancia de las autoridades en garantía de los consumidores.

Este espacio dependerá directamente de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional y en su supervisión también participarán otros organismos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a quienes el Tesoro derivará la supervisión de los distintos proyectos dependiendo del tipo de producto al que afecten.

Con las pruebas se sacarán lecciones sobre la efectividad de los proyectos sometidos a prueba y regulatorias, pudiendo ajustarse el marco para facilitar la innovación sin poner en riesgo con ello la seguridad de consumidores y entidades.

El anteproyecto de ley preveía tres fases para su funcionamiento. Un primer régimen de acceso donde los proyectos serán presentados en una ventanilla única para verificar que aporta innovación tecnológica y valor añadido. La intención era hacer este ejercicio de selección dos veces al año.

La segunda fase será la de la prueba efectiva y por último se examinarán los resultados del proyecto y el promotor deberá realizar una memoria al supervisor. Si en su estudio se observa que existe barrera regulatoria que lo obstaculiza, los supervisores deberán determinar si dicho proyecto ofrece el valor añadido y la seguridad suficientes como para recomendar la eliminación de dicha barrera.

La Asociación española de Fintech e Insurtech (Aefi) estimó en su día que el ‘sandbox’ podría generar, “si se implementa con ambición”, 5.000 empleos en dos años y atraer 1.000 millones de euros en inversión gracias a que el país ya cuenta con “uno de los mejores ecosistemas fintech del mundo” y con un enorme potencial de desarrollo.

El sector financiero ha venido trabajando en paralelo con el proyecto para que salga adelante y alentando los apoyos políticos a fin de aprovechar la ventana abierta por la Comisión Europea en su ‘Plan de Acción Fintech’ que dejaba un plazo a los países para montar estos ‘areneros’ antes de concluir el ejercicio 2020.

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