El grupo presidido por Ana Botín, como el resto de bancos, se vio obligado a interrumpir la retribución al accionista y retirar los dividendos de su calendario ante la prohibición decretada por el BCE para que las entidades acopien reservas y tengan así colchón para suministrar liquidez y crédito a empresas y particulares.

El 23 de marzo el Santander cancelaba el dividendo que preveía pagar en noviembre a cuenta de los resultados de 2020, antes, incluso, de que el BCE diese la instrucción. Después, ya el 2 de abril, cancelaba también el dividendo complementario con cargo al resultado de 2019 y dejó en suspenso la política de dividendos hasta la Junta de octubre, que ahora convoca. Aquel dividendo complementario estaba previsto aprobarlo en Junta por una cuantía de 13 céntimos por acción -10 en pago en efectivo y 3 con entrega de acciones- y abonarlo el 5 de mayo.

En julio pasado ya avanzó su intención de recuperar la retribución, el mismo día que anunciaba las primeras pérdidas de su historia por valor de 10.798 millones de euros, al destinar 12.600 millones a sanear sus inversiones en EEUU, Reino Unido y Polonia.

El grupo desveló que había constituido además una hucha de 400 millones de euros para remunerar al accionista con cargo al ejercicio, pese a las pérdidas, y que seguiría engordando con cargo a su solvencia para entregar un dividendo en efectivo ya en el 2021, cuando confía que el BCE retire las restricciones o discrimine en su veto entre entidades financieras. En julio reservó, en concreto, seis puntos de capital CET1 hasta junio, manteniendo su objetivo del 11-12% y situando la ratio ya en el 11,84% en el segundo trimestre.

El Consejo de Administración de la entidad acaba de aprobar precisamente llevar la propuesta a la Junta, según informó el banco este lunes. Tal y como anunció en julio, someterá a votación de los accionistas un ‘scrip dividend’ pagadero en nuevas acciones equivalentes a 0,10 euros por acción como remuneración complementaria de 2019. Con este dividendo complementario, la remuneración total con cargo al ejercicio 2019 ascenderá a 0,20 euros por acción.

De forma adicional propondrá otro dividendo de 0,10 euros pero con cargo a este año 2020, pese a que espera cerrar el año en pérdidas, por lo que se financiará con cargo a reservas. Su entrega está condicionada a que las recomendaciones del BCE lo permitan y se obtenga su autorización, a que tras el pago el banco mantenga su ratio de capital CET1 dentro de su objetivo del 11-12% o por encima y a que el pago no exceda el 50% del beneficio ordinario (underlying) consolidado.

Se tratará de una convocatoria de Junta inédita además para el banco, ya que trasladará su celebración desde Santander a su Ciudad Financiera en la localidad madrileña de Boadilla del Monte para “minimizar desplazamientos y proteger la salud de accionistas, empleados y otras personas involucradas en la organización de este evento ante la evolución de la crisis sanitaria”. Esta decisión facilitará su celebración en caso de que la evolución de la situación sanitaria impusiese restricciones adicionales a las reuniones o los desplazamientos.

El banco ha decidido retomar el dividendo en efectivo y con cargo al beneficio del 2020 “a la vista de la mayor visibilidad sobre la crisis, la fortaleza del capital y la evolución de los resultados ordinarios del semestre”.

Su Consejo de Administración considera que la propuesta de distribución en efectivo con cargo a la reserva por prima de emisión “es coherente con el propósito de abonar a los accionistas entre un 40 y un 50% del beneficio ordinario consolidado y de hacerlo en efectivo, siempre y cuando no exista una normativa o recomendación regulatoria que desaconseje su reparto en la fecha de pago, prevista en 2021”.

El orden del día de la Junta incluye también la propuesta de nombramiento de Martín Chávez Márquez (EEUU, 1964) como nuevo consejero, conforme a lo anunciado el 30 de junio y que ocupará la vacante de Esther Giménez-Salinas.

Como consecuencia de la evolución de la crisis sanitaria, el Consejo ha recomendado además la utilización de los canales de participación a distancia para salvaguardar la protección de la salud de los accionistas, sin descartar que su celebración sea exclusivamente por medios telemáticos si lo aconsejasen las medidas sanitarias.