El sistema sanitario español tendrá que asumir un gasto extra de unos 500 millones de euros como consecuencia de la subida, a partir del 1 de enero de 2015, del 10% al 21% del tipo de IVA aplicable a toda una serie de productos, materiales y equipamientos sanitarios que la Unión Europea obliga a implementar a España en cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.
Entre los productos afectados habrá componentes de uso tan habitual en la atención médica como agujas, jeringuillas, catéteres, sondas, vendas o bisturíes. Según ha asegurado el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente, en el transcurso de la Jornada ‘Repercusión del IVA en la Sanidad. Cambios en la tributación’, que celebró este jueves en la Fundación ONCE, «el 70% de material sanitario de uso habitual» se verá afectado por la subida fiscal y el impacto alcanzará tanto a los centros hospitalarios privados como a las redes sanitarias públicas.
Puente expresó la preocupación del sector respecto a los efectos de la subida fiscal. «El sistema sanitario español va a tener que asumir en 2015 en torno a 500 millones de euros más de gasto y no termina de estar claro si ese sobrecoste está previsto o no en los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas», dijo.
Según el director general del Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS), Manuel Vilches, los servicios regionales de salud públicos serán los que tendrán que hacer frente a la mayor parte de la factura, unos 400 millones de euros, mientras que el coste para los centros hospitalarios privados rondará los 100 millones de euros.
COMPENSAR EL COSTE
«El Gobierno debería plantearse compensar vía financiación a las comunidades autónomas el impacto que tendrá esta medida sobre los servicios regionales de salud. No hacerlo generaría un déficit sanitario muy importante», advirtió el director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Luis Carretero.
Según el secretario general del Servicio Extremeño de Salud (SES), César Santos, el impacto directo del alza fiscal sobre la cuenta de gasto del sistema público sanitario extremeño será del 7,1%.
En el ámbito privado manejan también cifras similares. El director regional del Área de Madrid de IDC Salud, Juan Antonio Álvaro de la Peña, estimó entre un 6% y un 11% el deterioro que se generará en la cuenta de resultados de sus hospitales, mientras que Manuel Vilches previó un recorte del 8% en el beneficio neto del negocio hospitalario privado, lo que equivale a la eventual generación de 20.000 puestos de trabajo.
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Ante este escenario fueron varias las voces que demandaron algún tipo de acción por parte del Gobierno para solventar esta problemática. Para Rafael Rodríguez, socio del Área Fiscal de Landwell, pese a que el alza del IVA viene impuesta por Bruselas, el Gobierno sí dispone de cierto margen de maniobra para amortiguar el impacto de la subida fiscal y conseguir que esos 500 millones de euros extra que el Estado va a obtener por esta vía reviertan finalmente en el sector sanitario.
Rodríguez propuso destinar esos recursos extra a una suerte de Plan Renove para evitar que el sobrecoste que tendrán que asumir tanto los centros públicos como privados se traduzca en una paralización de inversiones para la mejora de equipamientos o materiales sanitarios.
El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, se refirió a esta posibilidad en el acto de inauguración de la jornada e instó a proveedores y empresas privadas del sector a buscar soluciones jurídicas y fórmulas imaginativas de colaboración público-privada para conseguir realizar esa mejora de equipamientos sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.
Fuente: Servimedia