En un auto, notificado este martes, recogido por Servimedia, la Sala afirma que en la exposición razonada elevada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Majadahonda, tras sintetizarse el contenido de las diligencias, se expresa que de ellas resultan indicios de la eventual comisión por parte del investigado de hechos que pudieran encajar en dicho delito; criterio que es asumido por la Fiscalía.

Añade que la Sala comparte esa valoración y que pese a las manifestaciones del investigado y de su cónyuge, el examen de las declaraciones prestadas por dos testigos y las referencias de uno de los agentes actuantes “conforman una base indiciaria suficiente para descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias con nombramiento de instructor, conforme al turno previamente establecido, para que el mismo, con libertad de criterio, acuerde las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y resuelva en su momento conforme previene la Ley Procesal penal”.

Según el 153.1 del Código Penal será encausado quien cause menoscabo psíquico o lesión sin tratamiento médico o quirúrgico o maltrate de obra, cuando el sujeto pasivo sea o haya sido esposa, mujer en análoga situación (pareja de hecho, noviazgo), o persona especialmente vulnerable, y será condenado a prisión (seis meses a un año) o trabajos en beneficio a la comunidad (31 días a 80 días), privación de armas (un año a tres años) y en algunos casos, inhabilitación para patria potestad (y otros) hasta cinco años.

En su apartado 3, este artículo establece que las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

DETENCIÓN

El magistrado del Constitucional fue detenido la madrugada del 11 de agosto en su domicilio de Majadahonda tras haber recibido la Guardia Civil un aviso por la presunta comisión de un delito de violencia de género sobre su esposa.

El juez fue puesto a disposición judicial en su municipio, pero su causa ha pasado al Tribunal Supremo por la condición de aforado de este vocal del TC. Según la normativa vigente para los aforados, su detención sólo se pudo producir al haber sido sorprendido en delito flagrante, es decir, en el momento de cometerlo.

En sus primeras declaraciones, su pareja negó que se hubiera producido un delito de violencia de género, aunque admitió que discutieron y ambos se gritaron. El Tribunal Constitucional emitió un comunicado en el que pedía respeto a la presunción de inocencia.

Ese comunicado se emitió después de que Valdés informara al presidente del TC, Juan José González Rivas, del contenido de su declaración y la de su esposa. En la comparecencia ante la jueza ambos admitieron haber discutido a gritos en la terraza de su domicilio. Desde un parque cercano, unos jóvenes vieron al hombre agarrar a la mujer por el brazo y meterla dentro de la casa, por lo que llamaron a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Los agentes acudieron a la vivienda y la esposa restó importancia a los hechos y dijo que no pensaba denunciar nada. Los agentes volvieron en dos ocasiones más a la casa y en su última visita detuvieron al magistrado y lo trasladaron al hospital con un cuadro de ansiedad.

A la hora de decidir la detención, jugó un papel decisivo la declaración de los testigos, tres jóvenes que oyeron desde el parque como una mujer de avanzada edad pedía “ayuda” y “socorro” a gritos desde la terraza de su casa. Fueron ellos los que llamaron a la Guardia Civil y mientras los agentes llegaban, llamaron insistentemente al telefonillo de la vivienda hasta que consiguieron que Valdés les abriera, asegurándoles que no pasaba nada. Su esposa dijo a la jueza que no había sido maltratada y se negó a pasar un examen forense.