El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el PSOE contra la orden ministerial que desarrolla el Plan Extraordinario de Amnistía Fiscal impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy. En una sentencia hecha pública este viernes, los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo consideran que el PSOE, como partido político, carece de «interés legítimo» para recurrir por la vía de los contencioso administrativo la amnistía fiscal.

El dictamen del Alto Tribunal ha contado con los votos particulares de los magistrados Manuel Garzón, Jose Manuel Bandrés y Jesús Ernesto Peces.

El Alto Tribunal asegura que la consideración de partido político «no añade un plus en orden a la determinación de su legitimación activa, ni permite extender el ámbito del preceptivo interés legitimo de manera difusa a los objetivos o fines de interés de política general del partido». Además, añade que el interés de legalidad «no constituye interés legítimo suficiente como para habilitar el acceso a la jurisdicción».

«El que los partidos sean el cauce de la participación política, y concurran a la formación de la voluntad popular, no es suficiente para conferirles legitimación para la impugnación de cualquier, si no se aprecia una conexión específica con un concreto interés, actuación o funcionamiento del partido», señalan los magistrados.

Por último, el Alto Tribunal apunta que «no es suficiente que exista una relación entre la disposición que pretende impugnarse y los fines de política general que puedan perseguir como asociaciones de participación política».

La sentencia explica que «es necesario que pueda repercutir, directa o indirectamente, pero de modo efectivo y acreditado en la esfera de partido político, no de manera hipotética, abstracta, general o potencial».

Esta decisión confirma el auto del 16 noviembre de 2012 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que consideraba improcedente la suspensión de la amnistía fiscal a petición del PSOE.

En su auto, la Sala explicaba que «reconocer la legitimación de los partidos políticos para impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa todas las actuaciones de la Administración contrarias a los planteamientos ideológicos reflejados en su ideario político, sería como reconocer a dichos partidos una acción pública en defensa de la legalidad, convirtiendo la jurisdicción contencioso-administrativa, a la postre, en un foro de discusión política».