Tras deliberar durante dos largas sesiones el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha decidido esta tarde que sea el cliente el que pague el impuesto de actos jurídicos documentados.
Los magistrados han decidido, por un ajustado margen de 15 votos contra 13, volver a la jurisprudencia que había estado vigente durante dos décadas. El cónclave pretendía unificar criterio y decidir definitivamente a quién corresponde pagar el impuesto, tras la sentencia que el pasado mes de octubre estableció que fuera la banca la que asumiera el pago del mismo, en contra del criterio del propio Supemo expresado en febrero pasado, cuando sentenció que era el cliente el que debía pagarlo.
Durante todo el día de hoy la expectativa que generó la inminencia de la decisión se tradujo en caídas en bolsa de los principales valores bancarios del Ibex-35.
Determinados sectores sociales y políticos se han pronunciado en contra de esta decisión final. Tal es el caso del líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha llamado a una «gran movilización cívica» el sábado próximo. Además,l a asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) ha pedido la dimisión de Carlos Lesmes, el Presidente del máximo órgano del Poder Judicial.
