La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidirá mañana en un pleno no jurisdiccional qué ocurre en los casos en los que los aforados investigados por un tribunal superior de justicia (TSJ) o el propio Supremo renuncian a sus escaños y pierden dicha condición. La decisión servirá en primer término para establecer si el TSJ de Valencia debe ser el encargado de juzgar los contratos de Fitur con la trama de corrupción «Gürtel».

El debate fue elevado al Pleno el pasado mes de octubre a petición de la Sala conformada inicialmente para estudiar el caso Fitur, y que integraban los magistrados Miguel Colmenero, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Perfecto Andrés Ibáñez y Joaquín Giménez.

La decisión que se adopte afectará igualmente a la causa abierta contra la exsenadora Elena Diego, que dimitió el pasado septiembre después de que el Supremo abriera juicio contra ella por un delito de prevaricación administrativa cuando era alcaldesa de la localidad salmantina de Villamayor, relacionado con la contratación irregular de dos monitoras.

También se imputa a De Diego un delito continuado de nombramiento para cargo público a penas sin concurrir los requisitos legalmente establecidos para ello. La Fiscalía pide que se la inhabilite para cargo público por ocho años y las acusaciones popular y particular que además responda con 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

CRITERIO GENERAL

La reunión de mañana el Pleno de la Sala II del Supremo servirá para establecer un criterio general sobre a quién compete un asunto cuando un aforado renuncia a esta figura y si su enjuiciamiento pasa a ser visto por un tribunal inferior o no y a partir de qué momento.

En la actualidad, los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo se ocupan de conocer las causas contra las personas aforadas, como diputados, magistrados o miembros del Gobierno.

En el Pleno se estudiará en concreto el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de declararse no competente para celebrar juicio contra los contratos de Fitur con la trama Gürtel.

RECURSO DE LA FISCALÍA CONTRA DECISIÓN DE TSJV

El Ministerio Público presentó el pasado abril un recurso después de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia dejara el caso en manos de la Audiencia Provincial al considerar que la renuncia a sus escaños en las diputadas autonómicas Angélica Such y Milagrosa Martínez conllevaba necesariamente su falta de competencia por carecer todos los acusados de la condición de aforados.

La Fiscalía recurrió al entender que dicha resolución no era ajustada a derecho y anunció un recurso por infracción de precepto legal y constitucional. La Sala de lo Civil y Penal del TSJ se declaró incompetente para enjuiciar la pieza de Gürtel relativa a las contrataciones por la Feria de Turismo Fitur.

En la pieza 3 del ‘caso Gürtel’ están procesadas 13 personas: Milagrosa Martínez; la también exconsellera de Turisme Angélica Such; Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT); Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Alvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa –considerados presuntos cabecillas de la trama–; Isabel Jordán, exadministradora de empresas de la trama; y Mónica Magariños, exempleada de las mismas entidades.

Para Milagrosa Martínez, la Fiscalía solicita una pena de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, mientras que para Such –quien dejó su acta de diputada ‘popular’ hace aproximadamente un mes– requiere otros nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.

El PSPV, que ejerce de acusación popular en el ‘caso Gürtel’, varía las penas con respecto al ministerio público y solicita entre seis y 11 años de prisión para Martínez, y entre 27 y 37 años de inhabilitación, así como el pago de una multa de casi ocho millones de euros; Para Such requiere cuatro años de cárcel, 26 de inhabilitación y 3,5 millones de euros de multa.

A los procesados en esta pieza se les imputó por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market –y otras sociedades vinculadas–, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV. Las adjudicaciones fueron contratos relativos a Fitur entre 2005 y 2009, y otros contratos menores.

Asimismo, están acusados de posible duplicidades de pagos abonados a las mercantiles investigadas con anuencia de las distintas autoridades y empleados públicos con funciones de redactar los pliegos y criterios de adjudicación; y de emitir informes a la Mesa de Contratación, concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a estas empresas.

EUROPA PRESS