La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) pedirá 2.500 millones de euros en indemnizaciones a la Comunidad de Madrid debido a la modificación en la Ley de Transportes incluida en el nuevo Anteproyecto de Ley de Medidas urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Comunidad de Madrid, que incluye regular las VTC y «con la que incumple la promesa de la Comunidad de no regular en este sentido».
Así lo ha indicado FPTM en un comunicado, en el que dicen que estarán amparados por el Tribunal Supremo, que reconoce el derecho a indemnización para resarcir los daños de actuaciones legislativas, la asociación pedirá 150.000 euros de indemnización por cada una de las 15.700 licencias del taxi de la Comunidad de Madrid
«Con esta publicación, un 23 de diciembre a última hora y por la puerta de atrás, la Comunidad incumple la promesa que trasladó al sector del taxi tras las movilizaciones de 2019 de no regular las VTC y demuestra de nuevo que antepone los intereses de tres empresas con autorizaciones VTC frente a las más de 20.000 familias que dependen de un servicio público como el taxi», ha criticado el presidente de la FPTM, Julio Sanz.
En este sentido, Sanz ha subrayado que «estas maniobras encubiertas» y que no les son comunicadas les hacen «sospechar de la existencia de vínculos o intereses particulares del partido en el gobierno con los especuladores que aglutinan cientos de licencias VTC» y les dejan en una situación en la que solo pueden «recurrir a la justicia».
Así, ha asegurado que desde el sector «siguen trabajando judicialmente para desmontar esta función de teatro organizada por los intereses de unos pocos en contra del sector al amparo de la Comunidad».
Por ello, solicitarán las indemnizaciones anunciadas al amparo de la doctrina del Tribunal Supremo.
Ante esta situación en la que el Gobierno del Partido Popular, «vuelve a hacer y deshacer a sus anchas», desde la FPTM piden al resto de partidos políticos que «apoyen a las más de 20.000 familias que viven del taxi y que garantizan el funcionamiento de este servicio público frente al modelo que la Comunidad quiere imponer», ha indicado Sanz.
Al mismo tiempo, recuerdan que, en otras comunidades, en las que también gobierna el PP, como Canarias o Galicia, «se ha regulado con consenso y transparencia» y piden que la Comunidad deje atrás «las maniobras encubiertas que benefician los intereses de unos pocos frente a lo que dice la ley».
