El pleno del tribunal ha desestimado el recurso, a excepción de un punto relativo a la regulación de un plazo

A pesar de que la Generalitat de Cataluña interpuso un recurso de inconstitucionalidad de varios puntos de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobada el 9 de mayo de 2014, por considerar que ‘pisaba’ algunas competencias autonómicas; el pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado en su totalidad la petición, a excepción de un punto relativo a la consecución de un plazo, en una sentencia firmada el pasado 4 de febrero.

Los artículos recurridos se dividían  entre aquellos que se consideraba que vulneraban las competencias de la Generalitat en la ordenación del territorio, el paisaje y el urbanismo y un segundo bloque que supuestamente infringían la competencia autonómica sobre la regulación y el control de los medios de comunicación audiovisual.

Negativa del Tribunal

En lo que se refiere a los primeros, la corte no considera que exista una limitación vulneradora de las competencias autonómicas en la materia de urbanismo y ordenación. Por otro lado, tampoco aprecia inconstitucionalidad en los artículos del segundo bloque, al deliberar que “las competencias autonómicas sobre medios de comunicación social no incluyen la inspección, control y protección del uso del dominio público radioeléctrico desvinculado de los medios de comunicación social usuarios del mismo, de sus títulos habilitantes y de los contenidos difundidos”.

Sin embargo, si existe una declaración de inconstitucionalidad y nulidad en la sentencia del Tribunal, en el inciso del párrafo quinto del artículo 34.6 de la Ley, un párrafo relativo al plan de despliegue o instalación de la red pública de comunicaciones electrónicas, que se entenderá aprobado si la administración pública competente, no ha dictado resolución expresa.

Las bonanzas de la ley

Según informa el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha defendido a través de una nota de prensa el impacto positivo en los despliegues de redes y en la cobertura de población, dentro de los objetivos de la Agenda Digital para Europa, en los que se engloba la citada ley.

La implantación de 9,2 millones de accesos de fibra instalados, convirtiendo a España como el primer país europeo en el despliegue de esta red; una cobertura de 100 megas por segundo que llega al 65 por ciento de la población o que la red 4G para la conexión móvil llegue al 79 por ciento de la población se consideran algunos de los hitos conseguidos en los últimos años –en 2012 nadie podía acceder a esta tecnología móvil-.

Por otro lado, se esgrime desde esta cartera que a través de esta legislación se ha impulsado una simplificación administrativa, se han introducido medidas que permiten el acceso a las redes de operadores de otros sectores como el del gas, la electricidad o el transporte en condiciones equitativas; o la coordinación de los derechos de los usuarios.

Diario Financiero