El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) investigará al expresidente de la Generalitat y diputado ‘popular’ en las Corts, Francisco Camps, por presunta malversación y prevaricación en la compra de Valmor Sports por la cantidad simbólica de un euro en el marco de la Fórmula 1, asumiendo la deuda millonaria que esta mercantil arrastraba.

Así consta en un auto, en el que el tribunal ha decidido admitir a trámite la querella interpuesta el pasado mes de diciembre por Fiscalía Anticorrupción contra Camps y contra la exconsellera, ex secretaria autonómica de comunicación del Consell y exdirectora de Televisión Valenciana, Lola Jonhson, y el expiloto Jorge Martínez Aspar.

El tribunal valenciano estima que la sala de lo Civil y Penal es la competente para investigar estos hechos, puesto que está presuntamente implicado una persona aforada, Francisco Camps, quien ya fue juzgado en el TSJCV ante un jurado popular por la ‘causa de los trajes’ dentro del ‘caso Gürtel’ y fue finalmente absuelto.

El TSJCV entiende en este caso que se debe investigar la compra de Valmor «para determinar la concurrencia o no del comportamiento delictivo» y acota la instrucción al momento temporal que indica el ministerio público, es decir, desde abril de 2006 hasta el 19 de julio de 2011. Se designará a un instructor para tramitar el procedimiento.

En resumen, el tribunal admite la querella ante la «posibilidad razonable» de que los hechos narrados por el fiscal hayan ocurrido con la participación de Camps; y de que tales hechos puedan ser subsumidos, al menos indiciariamente y sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, en los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos.

Camps, desde que se conociera la querella interpuesta por Fiscalía, ha mantenido que la celebración de la Fórmula 1 en Valencia «fue una decisión estrictamente política, esencial para el posicionamiento de la Comunidad Valenciana de cara al exterior» y ha subrayado que «todas las decisiones políticas adoptadas sobre esta cuestión contaron con el soporte técnico y jurídico necesario».

Anticorrupción presentó su querella en el TSJCV el pasado 18 de diciembre de 2014, y casi dos meses después, tras adquirir el tribunal una traducción de la declaración que prestó Ecclestone durante la instrucción –en inglés–, se ha decidido abrir una investigación para depurar responsabilidades.

La Fiscalía entiende, tal y como reflejaba en su querella y en un informe posterior que remitió al TSJCV sobre la competencia, que Camps negoció «directamente» con Ecclestone los contratos para la celebración del GP en el circuito urbano de Valencia; que fue quien ordenó que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011; y quien ordenó a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa.

El fiscal del caso, Vicente Torres, basa estas premisas, entre otros aspectos, en las declaraciones prestadas tanto por el expiloto Aspar como por la jefa de Protocolo del Circuito del Motor, quienes señalaron que la idea de celebrar el GP partió de Camps, que fue quien negoció todas las condiciones, incluidas las económicas.

Además, el ministerio público entiende que fue Camps quien dijo a Ecclestone, a través de una asesora, con quién debía contratar el 16 de mayo de 2007: Valmor Sports, de Jorge Martínez Aspar, de quien una testigo declaró que era «muy amigo» del expresidente y organizaba antes de los grandes premios cenas privadas con los patrocinadores en su Motor Home, a las que solían asistir tanto Camps como el expresidente de las Corts Juan Cotino.

Ni un euro

El contrato entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor se celebró en marzo de 2008, y la primera mercantil «no pagó ni un euro», en perjuicio de los fondos públicos. Para el fiscal, todos estos hechos, que incluyen una apariencia de contrato entre particulares cuando era una empresa pública la que iba a organizar el evento, constituyen un delito de prevaricación administrativa y malversación.

Tras el GP de 2008, al ver Valmor que no había obtenido el beneficio esperado, acudió a la Generalitat para volver a pedir ayuda económica. Ahí fue donde Camps «nuevamente» asumió el papel protagonista en el contrato entre esta firma y la Sociedad Proyectos Parques Temáticos (SPTCV), quien el 31 de julio de 2009 asumió a única obligación de pagar el canon anual de 26 millones de dólares «sin asumir ningún derecho».

La firma del contrato por el director de SPTCV, Eusebio Monzó, no lo fue porque él quisiera sino porque lo ordenó el vicepresidente Gerardo Camps, que no fue quien negoció con Ecclestone, ya que esto también corrió a cargo del ex jefe del Consell. El expresidente, según el fiscal, había viajado diez días antes a Londres para garatizar al patrón de la F1 que el canon anual lo pagarían a través de la SPTCV. Para ello se modificó el contrato en agosto, eludiendo los controles de la administración.

En resumen, el fiscal subraya que fue la Generalitat «la que pagó el canon anual de 2009, 2010 y 2011, liberando a los socios de Valmor Sports de esta obligación por decisión personal de Francisco Camps«. Por último, en el contrato de 19 de julio de 2011, la Generalitat pasó a ocupar el papel lugar de avalista que tenía Bancaja, tras la negociación «directa» de Ecclestone con Camps, quien ordenó la firma «de manera urgente», con lo que incumplió «de manera flagrante» toda la normativa en materia de avales.

EUROPA PRESS