La Autoridad de Supervisión e Inteligencia Financiera (ASIF) detectó 123 actividades sospechosas en 2023, seis menos que el año anterior, de las que 118 las que 118 estaban vinculadas a activos conservados en el Instituto para las Obras de Religión (IOR), el llamado banco vaticano.

De las cinco restantes, cuatro procedían de diversos entes de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano y una de una organización sin ánimo de lucro, según el informe anual hecho público este lunes 17 de junio por ASIF, organismo creado por Benedicto XVI en 2010 para poner fin a las irregularidades que vigila las actividades financieras del Vaticano.

Además, en el informe se pone de manifiesto que se suspendió una transacción económica por valor de 5.848 euros como medida de prevención ante una posible ilegalidad. En cambio, en 2022, se registraron cinco suspensiones de operaciones bancarias por un importe total de 829.050 euros.

En total, se han contabilizado 11 informes con detalles de alguna actividad sospechosa en el entramado bancario vaticano enviados a la Oficina del Promotor de Justicia, frente a los 19 que hubo en 2022.

Respecto a las declaraciones de transporte transfronterizo de fondos, ASIF registró durante 2023 un aumento de las declaraciones de activos entrantes: 165 por un importe total de más de 15 millones de euros (15.462.762); y 361 declaraciones de activos salientes, por un importe total de más de 5 millones de euros. Esta tendencia se mantiene desde 2019, según recoge el informe, que puntualiza que la gran mayoría de los importes declarados son imputables a la actividad de las Autoridades Públicas vaticanas.

Por todo ello, ASIF concluye, el sistema financiero del Vaticano se ha estabilizado según parámetros de seguridad y transparencia y se han reforzado las actividades de cooperación internacional con la participación de la Santa Sede en Moneyval, el órgano de control y vigilancia de los sistemas financieros del Consejo de Europa, entre otros.

Además, en el último, año el Vaticano ha firmado memorandos de entendimiento, que en la práctica permiten el intercambio de información, con otros nueve países: Argelia, Azerbaiyán, Bahamas, Curaçao, Líbano, Senegal, Mauricio, Nepal y Zambia. En total son 76, los protocolos firmados en esta materia.

Todo ello en un año que, como ha señalado el presidente de ASIF, Carmelo Barbagallo, en su carta de presentación del informe, se ha caracterizado, de hecho, por ser el año con mayor número de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, señala que es una situación que «contribuye a hacer cada vez más complejas y difíciles las relaciones internacionales», pero que, al mismo tiempo, «es un incentivo para no desviarse de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a escala planetaria».

«Mantener y desarrollar una sólida red de relaciones internacionales sigue siendo un objetivo estratégico fundamental de la ASIF, en interés de la jurisdicción», afirma Barbagallo, que subraya cómo las «fructíferas relaciones internacionales» han ido acompañadas de «relaciones igualmente fructíferas» con organismos internos como la Oficina del Promotor de Justicia, la Gendarmería y la Oficina del Auditor General.

Por su parte, el director Giuseppe Schlitzer, destaca en la introducción del informe que el compromiso en el ámbito internacional sigue siendo relevante para la Autoridad, en primer lugar, en referencia a Moneyval.