Cada cual barre para su casa y más en el caso del goloso pastel que supone el sector de las infraestructuras en España. En una entrevista concedida al programa Pulso Empresarial de Gestiona Radio, Julián Nuñez, presidente de Seopan, la patronal de los empresarios de la construcción, ha afirmado que «es el momento oportuno para recuperar el déficit estructural que tiene España». Además «la coyuntura nacional e internacional va en la línea de promover la inversión pública en España, Europa y en todo el mundo».
Para ello desde la patronal han presentado un plan de inversión 2016 – 2023 cuya dotación ascendería a casi 66.000 millones de euros, que según sus estimaciones implicaría la creación 1.023.000 empleos y un retorno fiscal de 30.716 millones de euros. Un ambicioso programa de actuaciones sobre el que planea el temor de cometer los mismos errores del pasado, ante lo que Nuñez, ha respondido, en dos ocasiones, que «los errores del pasado son puntuales, lo que hemos hecho antes lo hemos hecho bien». De hecho ha puntualizado que «las infraestructuras con dudosa rentabilidad no representan más del 2 x 1000 delo que se ha invertido en España en los últimos 20 años». El presidente de Seopan ha explicado que el plan toma como referencia el volumen de inversión de países como Alemania y Francia con inversiones en el entorno de los 1.5oo euros por kilómetro cuadrado «mientras que en España estamos en 595 euros por kilómetro cuadrado».
Más subvenciones a la parte privada
Con respecto al apoyo del Gobierno al sector en lo que toca al desarrollo del plan, Nuñez ha demandado que las actuaciones de la parte privada se centrarían «en la eficiencia energética en edificación». Una inversión que actualmente viene apoyada por 1.233 millones de euros anuales en forma de subvenciones, cuantía que, para el presidente de la patronal de los empresarios de la construcción se queda insuficiente y pretende multiplicar en 6,5 veces las subvenciones.
Con respecto a las autopistas, las declaraciones de Nuñez no están exentas de polémica, «el gobierno está intentando evitar el rescate de las autopistas, aunque ésto es lo que establece la Ley». A continuación ha insistido en que la alternativa al rescate es «la constitución de una sociedad pública, habiendo realizado previamente una quita de la deuda». Para, a continuación, dar a entender que cualquier otra solución supondría un coste 5.700 millones al usuario. También se ha mostrado proclive a «implantar la tarificación por uso en las autovías para que el coste se reparta entre «el contribuyente y el sector privado».
