El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho este martes que ve «demasiado tranquilo» al PSOE «para todo lo que tiene por delante» y le ha avisado de que no debe dar por seguro su apoyo a los Presupuestos para 2022 ni a otras leyes como la Ley Audiovisual, la Ley de Memoria Democrática o a la Ley de Convivencia Universitaria. «Sería una actitud kamikaze darnos la espalda. El voto de ERC se suda», ha señalado.

Así lo ha puesto de manifiesto Rufián en rueda de prensa desde la Cámara Baja horas antes de reunirse con el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en el marco de la ronda de contactos que va a iniciar con los grupos parlamentarios.

Un encuentro que el dirigente de Esquerra cree que será más bien «protocolario», del que no espera «mucho» y al que acudirá «a escuchar, más que otra cosa», pero que aprovechará para trasladar a Bolaños que ve al PSOE «regular, siendo generosos», pero para advertirle de que no dé por seguro el voto de ERC a «nada».

«El voto de ERC se suda y se negocia, sobre todo ahora en un escenario en el que no se sabe si Ciudadanos está a rolex o a setas», y, por tanto, en el que el Gobierno tiene «poca alternativa», ha indicado.

LA ALTERNATIVA ES «TERRIBLE»

Rufián ha señalado que ERC está en el Congreso para «hacer política» y para aprovechar su fuerza negociadora «en favor de la gente» y que, por tanto, «no va a desaprovechar ninguna negociación», pero ha insistido en que el PSOE se está tomando todo «con muchísima tranquilidad» avisando de que «la alternativa es terrible».

En este punto, el independentista catalán ha querido desvincular la negociación de los Presupuestos para el próximo ejercicio de la otras leyes que están tramitándose en el Congreso y de la mesa de negociación que se reactivó recientemente entre los gobiernos central y catalán.

Por último, preguntado sobre la reivindicación de Junts para negociar de forma conjunta los Presupuestos, Rufián ha rechazado hablar de su socio en el Govern catalán, al que no considera «adversario», ha recordado que ya existe una coordinación en Madrid para presentar de la mano distintas iniciativas y ha llamado a que «todo el mundo asuma sus resultados electorales».

La CUP lo condiciona al referéndum y la Ley de Amnistía

La portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, ya avisa al Gobierno de Pedro Sánchez de que ni siquiera va a considerar apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2022 si no hay referéndum de autodeterminación en Cataluña o si no accede a promover una Ley de Amnistía.

Vehí aún no ha recibido ninguna llamada del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien este martes inicia una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para tantear posibles apoyos a las cuentas públicas para el próximo ejercicio.

Sin embargo, la independentista catalana ya avanza que la posición de la CUP con los Presupuestos es «clara»: «amnistía y autodeterminación», que son las dos de las cuestiones centrales por las que trabajan en el Congreso.

«O se pone dinero para un referéndum y se hace una Ley de Amnistía, o no vamos a considerar apoyar» los Presupuestos, ha insistido Vehí, quien ha concluido alegrándose de que Esquerra Republicana (ERC) desligue la negociación de los Presupuestos de la mesa de diálogo sobre Cataluña, sobre todo, ha dicho, porque de este foro «sólo hay unas fotos; ni siquiera un calendario».

Bildu pide al Gobierno «pasar de las palabras a los hechos»

La portavoz de EH-Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha reclamado al Gobierno de coalición «pasar de las palabras a los hechos» en los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2022 y «aplicar sin demora esa agenda progresista a la que se comprometió».

«El momento de las tentativas de dilatar las promesas hechas ha pasado ya, y ahora toca cumplir», ha subrayado en rueda de prensa antes de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, instando al Gobierno a «tomarse en serio el cumplimiento de la palabra dada».

Así, ha enumerado como «cuestiones pendientes» la derogación de la llamada ‘Ley Mordaza’, la regulación del precio de los alquileres, rebajar el «desorbitado» precio de la luz, «dignificar» las pensiones públicas, avanzar hacia «una fiscalidad justa» y «abordar la plurinacionalidad desde el diálogo y el acuerdo, y una bilateralidad real». «Y eso solamente puede hacerlo del lado del bloque progresista», ha remarcado.

APUESTA POR «DEJAR A UN LADO MEDIDAS TIBIAS Y AVANZAR SIN COMPLEJOS»

Aizpurua ha realizado estas declaraciones de cara a la reunión prevista con el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y también al pistoletazo de salida a la «verdadera negociación» de Presupuestos, en la que Bildu, ha dicho, mantendrá «actitud responsable, de diálogo, constructiva y a la vez exigente».

Asimismo, ha dicho que afrontan la negociación «siempre en base a contenidos» y, aun no siendo partidarios de líneas rojas ni órdagos, ha asegurado que no darán «cheques en blanco»: «Es momento de dejar a un lado las medidas tibias, las políticas tímidas, para avanzar sin complejos y no sucumbir a las presiones de las derechas extremas», ha dicho.

Entre las medidas, preguntada por la regulación de los alquileres, pendiente por parte del Ejecutivo desde la anterior negociación presupuestaria, ha dicho que plantearán esta cuestión, al igual que en el ingreso mínimo vital (IMV) y su transferencia a la administración autonómica.

SE PUEDE DEROGAR LA REFORMA LABORAL SIN CONSENSO, COMO SUBIR EL SMI

Otra de las cuestiones es la derogación de la reforma laboral de 2012, hacia la cual ha llamado a «avanzar, con consenso con la patronal o sin él», ya que con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 965 euros considera que «la excusa del diálogo social ha caído ya».

En este sentido, ha celebrado que esta retribución mínima legal se haya incrementado aun sin el acuerdo de los empresarios, pues demuestra que el Gobierno «puede tomar medidas que devuelvan a la clase trabajadora derechos arrebatados» y que «en realidad, solo necesita voluntad política y determinación».

Sin embargo, ha señalado que la subida «sigue siendo insuficiente» para alcanzar el compromiso del 60% del salario medio, en línea con lo establecido en la Carta Social Europea, y que en el caso del País Vasco esta referencia debería dejar el SMI en el entorno de los 1.200 euros.

Más País asegura tener un compromiso del Gobierno para financiar una reducción de jornada

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha asegurado este martes en el Congreso tener un compromiso del Gobierno para financiar en los próximos Presupuestos Generales del Estado una línea de ayudas para la reducción de jornada laboral en las empresas.

«El Gobierno se ha comprometido a que en los próximos Presupuestos ya haya esa partida», ha subrayado en una rueda de prensa antes de la reunión de Junta de Portavoces de la Cámara, defendiendo que los trabajadores con mejores condiciones laborales y mejor salud «son más productivos» y que, por tanto, esta política «es un avance».

Más País ya trató de incluir, sin éxito, un programa para avanzar en la reducción de la jornada laboral a cuatro días en la negociación de los Presupuestos de 2021.

Sin embargo, a principios de año arrancó un compromiso para dirigir una partida concreta en las cuentas del Ministerio de Industria a rebajar en las empresas la jornada a 32 horas. Esta partida, aún no concretada, fue comprometida a cambio de su voto al decreto ley que regula la gobernanza de los fondos europeos.

LEY DE VIVIENDA, SERVICIOS PÚBLICOS Y SALUD MENTAL

Además de las medidas para avanzar hacia la reducción de la jornada laboral, Errejón ha expresado su voluntad de que las próximas cuentas contemplen una mejora en los servicios públicos, medidas dirigidas a mejorar la atención de la salud mental.

También cree «fundamental» que en el marco de los nuevos Presupuestos se dé cumplimiento al compromiso de aprobar una nueva Ley de Vivienda, para la cual espera que «el PSOE esté a la altura del compromiso que adquirió».

En este sentido, ha señalado que «si no se corta esa herida permanente» en el acceso a la vivienda, todas las subidas salariales que se propicien «se van directamente a los rentistas», y por ello ha llamado a «intervenir el mercado de la vivienda» con el fin de garantizar «el derecho constitucional a tener una vivienda».