Las prácticas de corrupción cuestan anualmente a la economía de los Veintiocho, unos 120.000 millones de euros, según datos de la Comisión Europea. Así se recoge en un informe publicado este mismo mes de febrero. También en ese documento, se señala a España como uno de los países donde la percepción de corrupción está más extendida y en el que, junto a Grecia, se considera que más afecta a la vida diaria de los ciudadanos.

Concretamente, el 26% de los ciudadanos europeos considera que se ven afectados por la corrupción en su vida cotidiana, mientras en España la proporción casi es del 63%, la más alta de los Veintiocho estados miembros junto a Grecia. Les siguen Chipre y Rumanía con un 57%, mientras que en Alemania o Francia se queda en el 6% y en Dinamarca no pasa del 3%.

En lo que respecta a España, además, está percepción va en aumento: según un informe de la ONG Transparencia Internacional, publicado el pasado mes de diciembre, España es el segundo país donde más aumentó la percepción de corrupción en 2013, solo por detrás de Siria (un país desgarrado por una guerra civil).

Grecia e Italia son los países en que sus ciudadanos tienen esa percepción en niveles más elevados, con el 99 y el 97%, respectivamente, mientras que en Lituania, República Checa y España esa cifra alcanza el 95%, según datos de la CE. Pero, como señalaron desde Transparencia Internacional al presentar el informe, tanto Grecia como Italia han creado en los últimos meses medidas contra el fraude y la corrupción, con lo que han enviado un mensaje positivo para sus ciudadanos.

¿Hacen falta más leyes?

En nuestro país, los últimos casos que han salido a la luz, como el “caso Nóos”, el “caso Bárcenas”, o el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, han contribuido a acentuar la idea de que la corrupción está extendida en nuestro país. No obstante, cuando se publicó el ranking de Transparencia Internacional, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, afirmó que no ha aumentado la corrupción, sino que ahora se están conociendo casos antiguos.

En cualquier caso, lo que es cierto es que la corrupción en nuestro país es un problema preocupante. Para el abogado Rafael Chelala, la corrupción en España “es un mal sistémico inadmisible dentro de un país que presume de madurez democrática”.

¿Sería entonces necesario la aprobación de nuevas leyes y creación de más sistemas anticorrupción? Para Chelala, no es un problema de legislación insuficiente, sino un problema de falta de responsabilidad frente a la ciudadanía por parte de los políticos. En este sentido, nos explica que, a su juicio, “no se quiere dotar al poder judicial de independencia suficiente para luchar contra el problema que tanto nos preocupa”.

Recordamos que en septiembre, el pleno del Congreso dio luz verde a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno con los votos a favor de PP, CiU, PNV y Coalición Canaria, pero cargando con las críticas de opacidad y partidismo por parte del resto de los grupos de la oposición. El PSOE, la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA), UPyD y parte del grupo mixto (Amaiur, ERC, BNG, Compromís y Geroa Bai) votaron en contra del proyecto impulsado por el Gobierno de Rajoy para combatir la corrupción política. Una norma que ya nació con polémica y sin convencer a todas las fuerzas políticas.

En este sentido, Joaquín Vázquez, abogado y coordinador del Foro de Pensamiento y Desarrollo, explica que ahora en España está de moda legislar sobre la corrupción. Pero en su opinión, lo negativo es que los corruptos, lo primero que pretenden es saltarse esa misma legislación. “En algunos países de nuestro entorno, prevalece la ejemplaridad pública a la legislación aplicable”; aquí nos explica el caso de Karl Theodor zu Guttenberg, que en año 2011 dimitió como ministro de Defensa de Alemania por plagiar su tesis doctoral. Un hecho que no es penalmente punible, pero sí moralmente reprochable.

¿Por qué los ciudadanos españoles no confían?

Hace tan solo unos días, el tesorero de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de la canciller Angela Merkel, Helmut Linssen, dimitió de su cargo tras conocerse que había ocultado dinero en paraísos fiscales.

En España, estamos acostumbrados a escuchar a cargos políticos pedir la dimisión de otros, sin que finalmente pase nada. También, desde Transparencia Internacional señalan que la lentitud de la justicia, hace que los ciudadanos duden de la su eficacia.

El Gobierno de Mariano Rajoy aseguraba hace unas semanas haber rechazado un total de 49 peticiones de indulto durante 2013 por delitos contra la Administración Pública y de Justicia. Además, el Gobierno ha querido garantizar que aquellos que sí concedió de forma puntual no afectan a su objetivo de erradicar la corrupción. Daba así respuesta a Unión, Progreso y Democracia (UPyD); su líder Rosa Díez, exigió conocer los motivos que llevaron al Gobierno a indultar el pasado 3 de septiembre a una condenada a tres años de prisión por malversación de bienes públicos.

Poco después, en diciembre, Los jueces decanos de España, reclamaron que la petición de indultos en nuestro país no suspenda el cumplimiento de las penas, cuando se trate de casos de corrupción.

Pero lo cierto es que, como nos explica Vázquez, “legislar nunca será suficiente, puesto que el indecente, siempre tendrá la intención de incumplir lo legislado. Es la sociedad civil la que debe ser más exigente a la hora de no aceptar conductas socialmente reprobables”.