El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha calculado este jueves que la paga compensatoria para los pensionistas, conocida como ‘paguilla’, por el alza del IPC por encima del 0,9% del incremento de las pensiones este año costará 1.900 millones de euros, que se abonarán en el mes de enero pero con efecto presupuestario en 2021.

Esta cifra hay que duplicarla, ya que a la parte de compensación por la desviación presupuestaria (1.900 millones) hay que sumarle la misma cuantía para consolidar la nómina de las pensiones cara a 2022 (otros 1.900 millones). Por tanto, el monto total para este fin rondará los 3.800 millones de euros.

Escrivá indicó, durante la presentación de los presupuestos de su Ministerio, que la Seguridad Social espera para 2022 unos ingresos de 136.344 millones de euros procedentes de las cotizaciones sociales, un 7,5% más sobre la liquidación prevista para 2021, lo que supone una vuelta a los niveles prepandemia.

Estos presupuestos incluyen una reducción del déficit de la Seguridad Social cercano a medio punto del Producto Interior Bruto (PIB) para 2022 gracias a esa recuperación de los ingresos por cotizaciones sociales y a la aproximación del número de cotizantes al de afiliados a la Seguridad Social.

Además, en 2022 se producirá una mejora de la cobertura de las pensiones por las cotizaciones sociales, ya que en ese año se registrará la segunda mejor ratio de la década y volverá a los niveles prepandemia, según las proyecciones del Ministerio.

La cartera de Escrivá espera seguir avanzando en el próximo ejercicio en el proceso de asunción de gastos impropios, para que la Administración se haga responsable de todas aquellas políticas que se financiaban con cotizaciones sociales.

FIN DEL DÉFICIT EN 2023

Con esta medida, unida a la previsión de crecimiento económico, el Gobierno confía en que para el final de la legislatura, en 2023, la Seguridad Social encuentre su equilibrio presupuestario entre gastos e ingresos y se produzca un «cierre casi definitivo del déficit».

Escrivá ha manifestado que estos presupuestos «son particularmente importantes» porque son los primeros que contemplan la revalorización de las pensiones en función del Índice de Precios al Consumo (IPC), aunque ese mecanismo debe aprobarse primero en el Congreso de los Diputados antes de fin de año.

En total, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones contará en 2022 con un presupuesto de 199.983 millones de euros, que supone un aumento del 2,4% en comparación con el año anterior, aunque, como ha aclarado el ministro, hay que tener en cuenta «el conjunto de gastos no recurrentes asociados al Covid». Sin tener en cuenta ese factor, el repunte del presupuesto para esta cartera es del 6,5%.

En el ámbito de la Seguridad Social, el monto para pensiones contributivas será en 2022 de 149.995 millones de euros, un 3,7% más que sobre la previsión de liquidación de 2021, mientras que para las no contributivas la dotación será de 2.590 millones de euros, un 4% más que en el presupuesto del ejercicio anterior. La partida para las pensiones de los funcionarios sube un 5%, hasta los 17.995 millones de euros en 2022.

«En 2022 entrará en vigor, por fin, un mecanismo reglado y para siempre por el cual las pensiones se van a revalorizar de acuerdo al IPC, con indiferencia a lo que establezca el Gobierno de turno, para que no haya que tomar decisiones ‘ad hoc'», ha dicho Escrivá durante la presentación del presupuesto de su Ministerio este jueves.

LAS PENSIONES SUBIRÁN MÁS DEL 2%

Para calcular la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, se tendrá en cuenta la inflación media de los últimos 12 meses, de noviembre a noviembre, por lo que todavía de desconoce el monto exacto de este año. «A falta de la precisión de estos meses, será algunas décimas por encima del 2%, con toda seguridad», ha acotado el ministro. La subida de las pensiones mínimas y no contributivas será del 3%.

En cuanto al gasto en pensiones sobre el PIB, el Gobierno confía en que en 2022 siga cayendo, tras el repunte hasta el 14% en 2020, y vuelva a la senda del 12% de antes de la pandemia.

JUBILACIÓN DEMORADA

Escrivá ha señalado en esta rueda de prensa que la mitad de las personas que se jubilan cuenta con más de 40 años de cotización. El ministro ha adelantado que a lo largo del próximo ejercicio se desplegarán medidas para difundir los mecanismos de jubilación demorada, «que son casi desconocidos por todo el mundo».

El ministro ha reconocido que los efectos de la jubilación demorada serán «modestos» en el corto plazo, aunque su objetivo es «la estabilización en horizontes medios».

AUMENTO DE LA BASE MÍNIMA PARA AUTÓNOMOS

Por otro lado, La base mínima de la cotización aumentará «lo que aumente el Salario Mínimo Interprofesional, por ley», como ha recordado el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo. La base máxima se incrementará con la previsión del IPC para el año que viene y, como ha adelantado Arroyo, «en términos reales no aumentan».

En el caso de los autónomos, la base mínima de cotización sube al 1,7%, teniendo en cuenta también los datos del IPC.