España destina una inversión de 22.489 euros por kilómetro para la conservación de carreteras, lo que le sitúa en la última posición de los grandes países de Europa, lejos de Italia, el siguiente país que menos invierte en este campo, con 41.537 euros por kilómetro.
Así se desprende un reciente estudio realizado por la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex), que sitúa a Reino Unido como el principal inversor (108.141 euros), seguido de Alemania (49.229 euros) y Francia (45.318 euros).
Con motivo de la celebración este jueves del Día Internacional de la Conservación de Carreteras, el director general de Acex, Pablo Sáez, ha puesto en valor la importancia de esta inversión porque contribuye al desarrollo social y económico del país al ser la infraestructura social más utilizada.
De hecho, el 84% del transporte de mercancías y el 91% del transporte de personas se realiza en España por carretera. «Hasta hace poco el mantenimiento y la conservación han sido el patito feo de la gestión de las carreteras. Sin embargo, hoy la conservación goza de una mejor imagen, sin llegar a alcanzar la atención e inversión que merece», ha añadido.
A diferencia del resto de grandes países europeos, España cuenta con una gran red de vías de alta ocupación gratuitas, lo que evita obtener ingresos adicionales para destinar a la conservación. Según la patronal de la construcción Seopan, la introducción de peajes en la red de 14.130 kilómetros de autovías actualmente libres de pago en España generaría unos ingresos de 12.649 millones de euros anuales por tarificación.
Solo Hacienda ingresaría 4.700 millones de euros por IVA, Impuesto de Sociedades e IBI cada año, mientras que el conjunto de las Administraciones Públicas obtendrían un pago inicial de 5.614 millones de euros y uno anual de 4.827 millones de euros durante un periodo de 25 años, así como un ahorro de 850 millones en conservación.
Según sus cálculos, el déficit anual generado por la reversión de las autopistas, que ya suma 1.907 kilómetros revertidos al Estado entre 2019 y 2021, alcanza casi 1.000 millones de euros, debido a la pérdida de recaudación fiscal y al aumento del gasto de conservación.
Por el contrario, la introducción de peajes mermaría el poder adquisitivos de los ciudadanos que utilizan las carreteras. Por ello, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya ha señalado en varias ocasiones la importancia para el Gobierno de que cualquier reforma en la política de movilidad que introduzca el peaje por uso en las autovía se lleve a cabo a través del consenso político, económico y social.
