El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón ha manifestado el firme apoyo de España para constituir cuanto antes una Fiscalía Europea eficaz y eficiente, tal como nos lo exigen nuestros ciudadanos en tanto que contribuyentes a las arcas públicas».
Este compromiso parte después de que los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, reunidos hoy en Bruselas, debatieran la propuesta de Reglamento del Consejo relativa a la creación de una Fiscalía Europea destinada a combatir las infracciones contra los intereses financieros de la Unión.
Un estudio realizado por la Comisión Europea calcula que en los últimos tres años se ha registrado un fraude de unos 500 millones de euros en este ámbito, según un comunicado de Justicia. La constitución de esta Fiscalía Europea representa un nivel superior de integración en relación a las vías hasta ahora existentes, como son el reconocimiento mutuo de resoluciones, la cooperación judicial entre Estados miembros o la armonización de infracciones y sanciones. Por ello, tanto la atribución de competencias exclusivas a la Fiscalía Europea sobre delitos financieros como las posibles competencias accesorias sobre delitos conexos a estos, son especialmente complicadas, como lo son también las cuestiones que pudieran afectar a las reglas de jurisdicción nacionales (por ejemplo, todo lo relativo al inicio de investigaciones).
Frente a un modelo personalizado en un fiscal europeo -que nombraría el Consejo con el consentimiento del Parlamento Europeo-, propuesto por la Comisión Europea, un grupo de diez países miembros, entre los que se encuentra España, ha defendido una estructura central colegiada, combinada con una máxima descentralización para el ejercicio de la mayoría de las competencias operativas por los fiscales europeos delegados ubicados en cada Estado miembro.
Según Justicia, de este modo, las actividades de investigación, la adopción de medidas urgentes, las transacciones y el ejercicio de recursos ante los tribunales nacionales recaerán de modo ordinario sobre los fiscales europeos delegados. Con este modelo, el nivel central podría tener competencias de supervisión e incluso dar instrucciones en determinados casos a los fiscales europeos delegados, así como la posibilidad de decidir sobre la jurisdicción nacional donde presentar un caso o acordar el archivo definitivo de las actuaciones.
Ha subrayado el ministro «la necesidad del reconocimiento de las garantías procesales adecuadas en cualquier proceso penal, incluidas tanto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión como en las Directivas sobre la materia y en los derechos nacionales respectivos».
No obstante, el titular de Justicia reiteró su propuesta de que este modelo sea revisado a los cinco años de su puesta en marcha para valorar entonces su eficacia y estudiar si son necesarios algunos ajustes en su estructura, en su funcionamiento o, incluso, en los asuntos objeto de la Fiscalía común.
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