España será uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde se anticipa un mayor incremento de la presión fiscal en los próximos cuarenta años si se pretende estabilizar la deuda pública en los niveles previstos tras la pandemia de Covid-19 ante la perspectiva a largo plazo del envejecimiento de la población y un menor ritmo de expansión económica.

Según el informe ‘El juego a largo plazo: las perspectivas fiscales para 2060 subrayan la necesidad de reformas estructurales’, publicado este martes por el ‘think tank’ de las economías avanzadas, el aumento potencial estimado de la presión fiscal en España entre 2021 y 2060 si se quiere estabilizar la deuda mediante una mejora de los ingresos primarios alcanzaría el 13,23%, la tercera más alta de la OCDE.

De este modo, la relación entre el peso de los impuestos y contribuciones a la Seguridad Social con el tamaño de la economía del país solo se incrementaría de forma más pronunciada durante el periodo analizado en Eslovaquia, con un alza estimada del 17,21%, y en Polonia, con un 13,95%.

De hecho, salvo Grecia, donde se ha acometido un «masivo esfuerzo de consolidación fiscal desde la Gran Recesión» y cuya presión fiscal en el escenario base de la OCDE se prevé que bajaría en 2,65 puntos porcentuales hasta 2060, el resto de miembros del ‘club de países ricos’ se verán forzados a subir los impuestos si quieren mantener bajo control los ratios de deuda.

De este modo, como promedio de la OCDE bajo este escenario, la organización calcula que la presión fiscal se elevará entre 2021 y 2060 en casi 8 puntos porcentuales del PIB, con un total de once países, incluido España, donde el esfuerzo será superior al 10%.

En el caso español, el incremento del 13,23% del PIB hasta 2060 se descompone en un aumento de 2,88 puntos porcentuales relacionado con el aumento de los gastos en sanidad y cuidados, el cuarto mayor incremento de toda la OCDE, mientras que un 3,01% estaría vinculado al gasto en pensiones, el 16º de la OCDE, un 2,06% a otros gastos primarios, y un 0,69% derivado del interés de la deuda Covid.

Asimismo, en el horizonte analizado, la OCDE estima en 4,59 puntos porcentuales el impacto de «otros factores» en el incremento de la presión fiscal, en referencia a cualquier elemento que afecte la dinámica de la deuda que no sea la explícitamente componentes del gasto.

No obstante, los autores del informe subrayan que estos resultados no implican necesariamente que los impuestos aumenten, «ni siquiera que deban hacerlo», en el futuro, sino que el indicador de presión fiscal es una métrica que sirve para cuantificar e ilustrar el desafío fiscal que enfrentan los gobiernos de la OCDE.

«Aumentar los impuestos es solo una de las muchas vías posibles para enfrentar este desafío», defienden.

A este respecto, apuntan que si las condiciones de financiación siguen siendo favorables, como se supone en el escenario base, los países con ratios de deuda pública inicial relativamente bajos podrían financiar algunos de los incrementos proyectados del gasto con deuda.

Sin embargo, advierten de que con un aumento de la deuda pública habría riesgos, añadiendo que absorber la presión fiscal futura con préstamos adicionales «es una estrategia que podría posponer, pero probablemente no evitar, la necesidad de reformas».

REFORMA LABORAL Y DE LAS PENSIONES.

Otra vía alternativa planteada en el estudio para abordar el aumento de las necesidades fiscales futuras sería reformar los sistemas de salud y pensiones para aumentar la eficiencia y evitar que el gasto aumente en la medida proyectada.

En este sentido, destacan que las reformas estructurales que elevan las tasas de empleo podrían generar importantes dividendos fiscales. «En un contexto de desaceleración del crecimiento de la población mundial e incluso de disminución de la población en muchos países, las reformas del mercado laboral que aumentasen el empleo y fomentasen una vida laboral más larga parecen particularmente deseables», afirman.

De esta manera, además de reducir la presión fiscal, estas reformas se alinean también con el objetivo de impulsar la ocupación de las mujeres y los grupos desfavorecidos.

«Combinar las reformas del mercado laboral con aumentos en la edad promedio de jubilación efectiva podría reducir a la mitad el aumento proyectado de la presión fiscal promedio de la OCDE hasta 2060», añaden.

De hecho, la OCDE calcula que países como España, Bélgica o Francia se verían particularmente beneficiados en caso de implementar reformas que busquen cerrar las vías de jubilación anticipada y alinear la edad de jubilación efectiva con la evolución de la esperanza de vida, aumentando la edad de jubilación efectiva en dos tercios del aumento de la esperanza de vida previsto.

De esta manera, si el impacto positivo en el nivel de vida del promedio de la OCDE, en términos de PIB per cápita, se estima en un 3%, en el caso de España (5,47%), Francia (5,81%) y Bélgica (6,29%) oscilaría entre el 5% y el 6%.

Asimismo, la OCDE defiende que tales reformas también producirían dividendos fiscales, ya que se lograría una reducción de 1,5 puntos porcentuales del PIB en la presión fiscal promedio y de entre 4 y 5 puntos porcentuales en los países más afectados.