España es un país de alto riesgo para el tráfico de tigres

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España está catalogada, junto con Eslovaquia y Francia, como un país de alto riesgo para el tráfico de tigres dentro y fuera de la Unión Europea y Reino Unido, según un informe elaborado por WWF y Traffic y difundido este miércoles, coincidiendo con la Cumbre de la Biodiversidad de las Naciones Unidas.

El informe, titulado ‘Rompiendo el sistema: el papel de la población de tigres en cautividad de la Unión Europea y Reino Unido en el tráfico de tigres’, recogido por Servimedia, indica que la legislación débil y los controles limitados de las instalaciones privadas de tigres en cautividad en ese territorio europeo facilitan que las partes de tigre, como pieles y huesos, accedan al mercado ilegal. Las ONG piden la prohibición del comercio de tigre dentro y fuera de la UE.

El análisis confirma que en la UE y en el Reino Unido existe un elevado número de tigres en cautividad y que continúa el comercio con felinos vivos y con sus partes con países donde se sabe que las granjas de tigres alimentan el comercio ilegal de estos animales, como China, Tailandia y Vietnam.

También subraya que, según los casos checos, los tigres de la UE sirven como ‘materia prima’ para el mercado negro o tráfico de especies. Entre 1975 y 2018, se han notificado 95 incautaciones que incluyen varias partes y productos de tigre, además de tigres vivos.

Las exportaciones comerciales se realizan a pesar de las restricciones establecidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), que establece que los tigres no deben criarse para el comercio de sus partes y productos.

En este sentido, el estudio recalca que el comercio de tigres en cautividad y sus partes está muy relacionado con el tráfico ilegal no sólo porque dificulta los esfuerzos para aplicar la ley, sino porque también legitima el uso de productos de tigre y puede estimular la demanda del mercado, según Heather Sohl, líder de la iniciativa Tigers Alive, de WWF.

CIRCOS

España es uno de estos países donde la tenencia de tigres en cautividad está permitida por propietarios privados, como circos o instalaciones particulares. Por este motivo, y por la falta de una normativa y controles más estrictos, el informe la identifica como país de ‘alto riesgo’ para el tráfico de tigres.

La tenencia de tigres en cautividad está permitida en 14 países en la UE y Reino Unido, tanto en manos de propietarios privados como en los circos. El informe de WWF y Traffic destaca que no existe normativa suficiente, ni tampoco un control suficiente de los registros e inspecciones de los lugares donde se tienen tigres en cautividad.

“Tanto la cría y tenencia de tigres, como el uso de sus restos una vez que mueren, está por tanto poco controlada y esto plantea preguntas sobre cómo estos países pueden garantizar que las partes de tigre, como pieles y huesos, no lleguen al comercio ilegal”, sostiene Louisa Musing, de Traffic.

Musing añade al respecto: “Es casi imposible saber cuántos tigres en cautividad hay actualmente en la UE. La gestión y el cumplimiento de las normas sobre la tenencia de tigres en cautividad suelen estar bajo la competencia de las autoridades regionales y locales. Además, existen medidas limitadas y pocos requisitos para la presentación de informes que permitan evaluar con precisión y regularidad las cifras totales a nivel nacional, y mucho menos en la UE”.

Para Gemma Rodríguez, responsable del programa de especies de WWF España, los principales retos de España y del resto de países europeos identificados como lugares de riesgo para el tráfico de tigres son mejorar la legislación, hacer inspecciones regulares de las instalaciones y actualizar el registro del número de tigres en cautividad.

Por último, WWF y Traffic proponen a la Comisión Europea, los Estados miembro de la UE y Reino Unido que prohíban el comercio de tigres en cautividad (y de sus partes y productos), tanto dentro como fuera de sus fronteras, y consideren la prohibición de la tenencia de tigres en circos e instalaciones privadas, salvo que los controles sean suficientes para garantizar su legalidad.

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