El ministro de Justicia, Rafael Catalá, planteará este viernes a sus homólogos europeos la necesidad de hacer una «reflexión» sobre la lista de delitos que forman parte de la orden europea de detención y entrega.

A su llegada al Consejo de titulares europeos de Justicia, el ministro del ramo pidió «no basarse en las anécdotas» al ser preguntado por la retirada de la euroorden contra el presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigemont, y los cuatro exconsejeros.

Recordó que Bélgica en los últimos tres años ha emitido 212 órdenes de detención y entrega hacia España han sido atenidas salvo en dos casos por temas humanitarios. Ratificó, por tanto «la lealtad y la colaboración» del Gobierno belga.

En consecuencia, consideró que «no es un problema de un caso puntual» porque España no tiene «ninguna queja de un caso puntual», sino que aboga por hacer una reflexión sobre la lista de delitos que forman parte de la orden de detención y entrega.

Explicó que esta lista se hizo en 2002 y aunque España no planteará «una propuesta concreta», sí quiere «trabajar con los socios europeos» en un tema en el que «se avanza despacio» y «la sensibilidad jurídica de los estados miembros es muy diferente».

Dicho esto, cargó contra la «falsedad permanente» y la «contaminación» que a su juicio suponen las declaraciones «de algunos representantes políticos», refiriéndose a los comentarios del miedo que podría tener la Justicia española por las decisiones que se tomaran en Bélgica en el caso de Puigdemont y los exconsejeros.

En este sentido, incidió en que la euroorden supone una relación directa entre poderes judiciales. «Y aquí los gobiernos no tenemos nada que decir y por lo tanto no es un problema de España con Bélgica en absoluto, es una relación bilateral entre juez de una nación con juez de otra», remachó.