El ministro de Hacienda y administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, destacó este viernes que los fondos de unos 36.000 millones de euros del programa operativo de la UE tendrán «la capacidad de contribuir a la recuperación económica de España, especialmente en una fase inicial como en la que nos encontramos».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro presentó el borrador del acuerdo de asociación de España 2014-2020, documento en el que el Ejecutivo detalla la forma en que prevé utilizar estos fondos y que entra ahora en fase de consulta para su remisión a Bruselas el próximo 22 de abril.

El titular de Hacienda, tras destacar que España seguirá siendo un perceptor neto de recursos europeos con una tasa del 0,2%, explicó que el objetivo de estas partidas es lograr «un crecimiento inteligente muy dirigido a la sociedad del conocimiento, sostenible e integrador» que permita «lograr la cohesión económica, social y territorial».

Entre las novedades, el ministro se refirió a la posibilidad de que las pymes obtengan circulante a través del Banco Europeo de Inversiones, por un volumen de unos 4.000 millones, y a la entrada del capital privado en la cofinanciación de recursos europeos, especialmente en proyectos de I+D+i.

«Hemos de invertir de manera distinta a periodos anteriores», concluyó Montoro, quien señaló que hasta ahora estos fondos en «gran medida iban a infraestructuras y ahora tenemos que migrar a proyectos más ligados a la economía del conocimiento, la eficiencia y la competitividad con el fin de generar valor añadido, riqueza y empleo sostenible en el largo plazo».

DESARROLLO REGIONAL

El Acuerdo de Asignación supone una inversión de más de 36.000 millones de euros repartidos entre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), con 19.393 millones, el Fondo Social Europeo (FSE), con 8.446 millones, y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), con 8.291 millones. También se incluye el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP), aunque su dotación se encuentra aún en proceso de negociación.

Los nuevos reglamentos de los fondos fijan once objetivos distintos temáticos, siendo el referido para el empleo y la movilidad laboral el más beneficiado, con un total de 5.000 millones, incluyendo los 943 millones de la Iniciativa de Empleo Juvenil.

Para potenciar la I+D+i se asignarán 4.400 millones, otros 3.200 millones para favorecer la transición hacia una economía baja en el uso de carbono, y 2.600 millones para mejorar la competitividad de las pymes, incluyendo 800 millones para la ‘Iniciativa PYME’.

Asimismo, para promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red se contempla una asignación de 2.600 millones, así como 2.000 millones para mejorar el uso, acceso y calidad de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

De igual forma, el Acuerdo de Asignación fija 1.700 para los objetivos de invertir en educación, desarrollo de capacidades y aprendizaje permanente, y para infraestructuras de saneamiento y depuración, mientras que la menor partida, 1.500 millones, es para la inclusión social y lucha contra la pobreza y discriminación.

CONSULTA PÚBLICA

El borrador del documento, de más de 600 páginas, se ha publicado este mismo viernes en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su proceso de consulta pública durante las próximas tres semanas. Así, el 22 de abril es la fecha límite para su remisión oficial a la Comisión Europea y el inicio del diálogo en Bruselas durante unos seis meses más, cuando se conocerá con detalle los datos definitivos de los fondos. En una fase posterior, se procederá a la elaboración de los programas operativos financiados con Fondos EIE, con mayor nivel de detalle.

En un primer cálculo, fuentes de Hacienda apuntan que la aportación que realizará España podría superar los 16.900 millones de euros, aunque los datos definitivos no se conocerán hasta dentro de unos meses tras su paso por Bruselas. En cualquier caso, la aportación mínima debe de ser del 15% en Canarias, un 20% en regiones menos desarrolladas, como Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Asturias, Galicia, y las ciudades de Ceuta y Melilla, y en el resto el 50%.