El sector agrícola ocupa en España cerca de 1,6 millones de hectáreas

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea tratarán de consensuar el lunes las bases de las nuevas normas para la agricultura ecológica que deberán negociar en los próximos meses con el Parlamento Europeo y la Comisión, pese a las diferencias que aún les separan en cuestiones como el control de los productos o la tolerancia a la presencia de sustancias no permitidas.

La agricultura ecológica disfruta de una evolución positiva tanto en la producción como en la demanda, lo que ha llevado a la Comisión a buscar el modo de armonizar los criterios y tratar de impulsar su desarrollo y ganar mercados. El punto de partida que marcó Bruselas, sin embargo, fue visto como un enfoque «rígido» por algunos países, que temían que se pusiera en peligro parte de la agricultura ecológica, según explican fuentes europeas.

España, con un gran interés en este sector que ocupa cerca de 1,6 millones de hectáreas de su terreno agrícola, es partidaria de la armonización que defiende Bruselas para dar mayores garantías a los consumidores y asegurar los mismos controles y umbrales de tolerancia en todos los Estados miembros y en todas las cadenas de distribución.

Sin embargo, frente a la iniciativa del Ejecutivo comunitario para simplificar los sistemas de control, España cree que el modelo actual es el adecuado, con controles anuales para las explotaciones.

Por ello, rechaza la posibilidad de reducir la periodicidad de estos exámenes a lo que recomienden las evaluaciones de riesgo y pide que se establezcan umbrales claros del nivel de sustancias no permitidas que se toleraría para certificar un producto como ecológico, indican fuentes diplomáticas. Esta posición contrasta con varios países del norte, como Alemania o Suecia, que son partidarios de una menor regulación para estas cuestiones.

Entre los flecos aún abiertos en la discusión entre ministros queda por ver también cómo regular las importaciones de terceros países que en su lugar de origen son certificadas como producciones ecológicas, con el objetivo de que cumplan las mismas exigencias que se aplican a los europeos y estén «en pie de igualdad». Un alto funcionario europeo explica que el sistema actualmente en marcha es «poco vigilante» y se quiere revisar sus criterios para asegurar la equivalencia.

El comisario de Agricultura, Phil Hogan, que heredó esta propuesta de su predecesor, Dacian Ciolos, se ha dado de plazo hasta junio aproximadamente para tratar de cerrar un acuerdo con el Consejo y el Parlamento Europeo, tras lo cual podría aparcar la revisión de las normas si no hay un acuerdo.

Las fuentes consultadas ven poco probable un acuerdo para esa fecha dado que el Consejo aún no ha fijado su posición negociadora y la Eurocámara apenas ha debatido la cuestión. Con todo, consideran que si los 28 logran consensuar su posición sería una «señal política positiva» para que el comisario dé más tiempo a las negociaciones.

Los ministros también tienen en su agenda del lunes avanzar en la reflexión sobre el modo de simplificar la nueva Política Agraria Común, no reabriendo los reglamentos de base sino revisando su ejecución. España ve con buenos ojos el punto en el que se halla la discusión, aunque insiste en que el ejercicio de simplificación no debe conducir a una «desregularización» de la PAC acordada.

Europa Press