La Comisión Europea envió, en junio, una carta formal de emplazamiento por «defectuosa transposición»
La recuperación de la economía es directamente proporcional al crecimiento de los periodos medios de pago. Al menos esa es la interpretación que se extrae del último Informe sobre la Morosidad elaborado por Ata (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) en el que se refleja que los periodos medios de pago de la Administración a sus proveedores han aumentado el último trimestre en más de una semana alcanzando los 93 días de media (9,4 por ciento más).
El incumplimiento, reiterado y por enésima vez tanto de la Ley de Morosidad como de la Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad ha llevado a Bruselas a poner negro sobre blanco y desde el Parlamento Europeo se estudia sancionar a España. La pista la daba esta mañana Lorenzo Amor, presidente de Ata, quien se lamentaba de que «España está en el farolillo rojo y en la cabeza de salida para ser multado por incumplimiento de la directiva europea». Diario Financiero ha contactado con fuentes de la Comisión Europea que han confirmado a que a finales de junio se envió «una carta formal de emplazamiento a España por defectuosa transposición de la directiva 2011/7/EU. España tiene dos meses (hasta finales de agosto) para presentar sus explicaciones/alegaciones». Por su parte desde el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas reconocen que «el procedimiento está abierto». No obstante confían en que «no va a haber ningún problema» ya que una de las claves de las alegaciones que se trasladarán a Bruselas reside en la relación de medidas que se han ido implantando durante la legislatura así como en los resultados que se han obtenido desde su puesta en marcha, «que son mejores».
Cabe destacar que si comparamos los plazos de pago entre los países de la Unión Europea, la Administración española está en niveles parejos a los de países como Grecia e Italia, y superamos, de largo, a Portugal, países que también estarían en el punto de mira de la Comisión. Según un informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) a cierre de 2.014 el sector público paga en un promedio de 154 días, Grecia e Italia lo hacen en 155 y 165 días, y Portugal en 129. Tomando como referencia a nuestros principales socios comerciales como Alemania, Reino Unido o Francia nos encontramos que éstos pagan a 35, 40 y 59 días de medida.
Ser moroso sale gratis
Entre las causas que ha apuntado Lorenzo Amor para esta ‘dejadez de funciones’ que convierte a la Ley de Morosidad en la norma con mayor número de insumisos, es que «ser moroso sale gratis». Por ello, desde Ata, exigen que, al igual que se sanciona a los autónomos y pymes con recargos de entre el 5 y el 20 por ciento por retraso en los pagos, la Administración predique con el ejemplo y «pague con el 20 por ciento de recargo cuando se excedan los plazos legales».
El sector privado también sale beneficiado de este ‘gratis total’. El informe de Ata pone de manifiesto que los plazos de pago de las empresas a sus proveedores se han dilatado en dos días de media con respecto a marzo de 2.015. Con excepción de las empresas de entre 250 y 1.000 trabajadores los plazos se incrementan en todos los rangos, si bien son las de más de mil empleado y aquellas de entre 50 y 250 las que elevan en mayor medida los periodos medios de pago a proveedores (3 y 4 días respectivamente). A este respecto el presidente de Ata ha recordado que «hay empresas que se están deduciendo el IVA de facturas que no han pagado» y que «es necesario un régimen sancionador» que complete la Ley de Morosidad. Régimen que, por otra parte, el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro se ha comprometido a desarrollar en varias ocasiones, la última el pasado mes de abril durante la reuniones que mantuvo con la PMcM. En este sentido las mismas fuentes de Hacienda afirman que «se está trabajando en ello» y en que «es muy probable» que el régimen esté listo antes de que finalice la legislatura.
Además de los recargos y del régimen sancionador Amor, ha solicitado a Hacienda que «tome ejemplo de Empleo» y ponga a disposición de los trabajadores por cuenta propia y las empresas «un buzón para denunciar de forma anónima a las empresas y Administraciones que ponen el pie en el cuello de los autónomos».
Los Ayuntamientos dejan de cumplir
Llama la atención el incremento de los plazos de pago en la Administración local -para la que trabajan la gran mayoría de los autónomos-, que ha pasado de 63 a 68 días de media (7,9 por ciento más que en el mes de marzo). En cuanto a las Comunidades Autónomas continúan ocupando el primer puesto en el ranking de la morosidad y vuelven a ser las que más aumentan sus plazos de pago, en concreto en 11 días, elevando sus plazos medios de pago hasta los 118 días. En cuanto a las causas, Lorenzo Amor apunta al «cierre de cajas que se ha producido» por el periodo electoral.
En lo que toca a la Administración central los plazos también aumentan en dos días pasando de 42 a 44 de media, algo que aunque puede indicar un cambio de tendencia «hay que tomarlo con cautela».
