La Unión Europea ha comenzado una investigación preliminar para conocer si las garantías que España ha concedido a los activos fiscales diferidos de la banca con la finalidad de que computen como capital de máxima calidad constituyen ayudas ilegales. Por su lado, el ministerio de Economía ha descartado que las garantías concedidas por España estos activos constituyan ayudas públicas ilegales, informaron a Europa Press fuentes del departamento que encabeza Luis de Guindos.

«La Comisión ha enviado cartas pidiendo información a los Estados miembros que proporcionan garantías a diferentes tipos de activos fiscales para entender cómo funcionan estas medidas y decidir si hay ayudas públicas o no», ha explicado el portavoz del Ejecutivo comunitario, Alexander Winterstein en rueda de prensa.

«Podemos confirmar que se han enviado cartas administrativas a España, Italia, Portugal y Grecia», ha agregado la portavoz de Competencia, Lucía Caudet. Las investigaciones comenzaron tras varias quejas presentadas por varios socios europeos y políticos del parlamento común. «No es un caso fácil, la evaluación llevará tiempo. En esta fase no tenemos ninguna opinión de si hay ayudas públicas o no», han comentado desde Bruselas, que ha dejado claro que de momento ni siquiera se ha abierto un procedimiento «formal» de investigación.

Operación realizada en 2013

En 2013, el ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó una reforma para convertir 30.000 millones de euros de esos activos en créditos fiscales. Gracias a tener el aval del Estado, los activos pueden seguir siendo catalogados como capitales de máxima calidad.

Aquella reforma contó con el visto bueno público de la Comisión Europea que vigilaba estrechamente los cambios normativos que se anunciaban desde Moncloa después del rescate bancario aprobado por Bruselas. Europa consideró en aquel momento que la conversión de los 30.000 millones eran “compatible con el memorándum de entendimiento del programa de asistencia al sector financiero español» y era “en principio compatible con la legislación de la UE, siempre que no constituya una ayuda pública».

También en el caso de Portugal, la troika avaló la reforma de los activos fiscales diferidos para la banca.

Fecha límite

Los activos fiscales diferidos consisten en apuntar como un activo en el balance del banco los ahorros en impuestos por tener pérdidas, aunque este ahorro sólo puede materializarse cuando la entidad vuelve beneficios. La normativa europea e internacional establece que ya no puede considerarse capital de máxima calidad y que debe dejar de contabilizarse progresivamente de aquí a 2019, según explica Bruselas.