Los Veintisiete han dado este lunes luz verde a la reforma para reforzar el control sobre las inversiones extranjeras, incluida una vigilancia más estrecha de la entrada de terceros países como China o Rusia en sectores clave como las telecomunicaciones, los transportes o las materias primas, ante el riesgo de que puedan desestabilizar la seguridad económica del bloque.

«La UE refuerza su capacidad para proteger la seguridad y el orden público, sin dejar de estar abierta a la inversión extranjera», ha destacado, en un comunicado, el ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre, Michael Damianos, cuyo país ejerce este semestre la presidencia de turno del Consejo de la UE.

Así, Damianos ha destacado que «en un contexto de creciente competencia geopolítica, proteger los activos estratégicos y los intereses de seguridad económica de la UE es más importante que nunca».

La nueva norma establece la obligación para los Estados miembro de controlar las inversiones en sectores sensibles como la defensa, los servicios financieros y los semiconductores y se aplicará a las transacciones dentro de la Unión Europea en las que la entidad inversora esté, en última instancia, controlada por personas físicas o entidades de un país extracomunitario.

El objetivo es que la reforma garantice que todos los Estados miembro disponen de un mecanismo de selección, con normas nacionales mejor armonizadas, y que permita también determinar un ámbito sectorial mínimo en el que todos los países de la UE deban examinar las inversiones extranjeras y ampliar la vigilancia a los inversores europeos respaldados por terceros.

Las nuevas normas sustituyen al marco de control de la inversión extranjera directa vigente desde 2020 y tienen como objetivo garantizar un enfoque más coordinado y eficaz en toda la UE para salvaguardar la seguridad y el orden público.

En particular, los Estados miembro deberán establecer mecanismos de control que abarquen un «ámbito mínimo común» de sectores, tecnologías e infraestructuras sensibles –artículos de doble uso y equipos militares, materias primas críticas, inteligencia artificial, energía, transporte e infraestructuras digitales– sobre inversiones extranjeras realizadas a través de filiales instaladas en la UE, aunque se preservará la responsabilidad nacional exclusiva en las decisiones de control.

Las nuevas normas comenzarán a aplicarse 18 meses después de su publicación en el Diario Oficial de la UE (DOUE) y entrada en vigor.