Expertos de la ONU han alertado del «alarmante» reclutamiento de prisioneros en cárceles rusas por parte del Grupo Wagner, una organización de mercenarios afines al Kremlin, mediante tácticas que violan los Derechos Humanos y ponen en peligro sus libertades individuales.

«Estamos profundamente preocupados por las informaciones de las visitas de miembros del llamado Grupo Wagner a instituciones penitenciarias en varias regiones de Rusia, ofreciendo indultos por sentencias criminales a los prisioneros que se unen al Grupo y participan en la guerra en Ucrania, además de hacer pagos mensuales a sus familias», han explicado los expertos en un comunicado.

El Grupo habría reclutado presuntamente tanto a ciudadanos rusos como a extranjeros cumpliendo condena en Rusia, y utilizarían técnicas de presión para ello, mediante amenazas e intimidación, por ejemplo impidiendo a los presos hablar con sus familias y abogados.

«Tenemos información de que varios reclutas han sido ejecutados por intentar escapar y, en otros casos, han sido heridos de gravedad como advertencia para otros prisioneros», han explicado los expertos. «Estas tácticas constituyen violaciones de los Derechos Humanos y podrían ser crímenes de guerra».

También han informado de que, presuntamente, los prisioneros reclutados habrían sido trasladados a un centro en Rostov, región rusa muy cercana a la frontera ucraniana, para ser entrenados antes de su traslado al frente. Además, los habrían introducido en Ucrania sin estar en posesión de sus documentos identificativos y habiendo firmado un «contrato» con el Grupo.

«Nos preocupa especialmente que el Grupo Wagner haya extendido el reclutamiento a prisiones de la región de Donetsk en Ucrania», continúa el comunicado, que detalla que las actividades llevadas a cabo por estos presos irían desde participar directamente en el conflicto armado hasta la reconstrucción de infraestructuras en los territorios bajo control ruso.

Los expertos de la ONU hacen un llamamiento a la comunidad internacional, así como a Rusia, para recordar que «los Estados tienen la obligación de prohibir a individuos y compañías explotar la vulnerabilidad de los prisioneros para su propio beneficio».