Extremadura y Aragón en el punto de mira de Hacienda

Ambas comunidades llevan más de 15 meses superando los plazos máximos de pago a proveedores, además no cumplirán con los objetivos de déficit. Sin embargo Montoro no da el paso para la intervención definitiva.

«Ambas están en situación de vigilancia y desde septiembre no pueden avalar ni pedir créditos sin autorización». Con esta frase fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas confirmaban a Diario Financiero que Extremadura y Aragón están en el punto de mira del departamento que dirige Cristóbal Montoro por incumplir sistemáticamente con los plazos máximos para pagar a proveedores.

Atendiendo a lo establecido por la Ley de Estabilidad Presupuestaria (LEP), éste sería el paso previo a la adopción de las medidas coercitivas que otorgarían al fisco la capacidad de retener los créditos y transferencias por IRPF, así como para la emisión del billete de ida a la troika de Montoro. Todo lo anterior al objeto de garantizar el abono de las facturas pendientes y cumplir con la estabilidad presupuestaria.

«Somos conscientes de que puede llegar a ocurrir», afirma Mª. Ascensión Murillo, Secretaria General de la Consejería de Hacieda, de la Junta de Extremadura. Aseveración que coincide con la realizada desde el Gobierno de Aragón desde donde apuntan incluso que «de facto y en cierto modo estamos intervenidos». De hecho las dos tienen la obligación de registrar las facturas a proveedores en el Face (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado) y una vez autorizadas, las transferencias a cuenta de los Fondos de Facilidad Financiera destinadas al pago de las farmacias, son realizadas directamente por el ICO (Instituto de Crédito Oficial).

Sin embargo y pese a que los proveedores de ambas comunidades autónomas llevan 15 meses cobrando sus facturas en plazos superiores a los 100 días y, por tanto, saltándose la Ley ‘a la torera’, el departamento que dirige Cristóbal Montoro no termina de dar la orden de intervención. «A día de hoy no hay ninguna carta nueva además de las observaciones que se produjeron en meses anteriores. No hemos llegado a ese punto», constata Murillo. Por su parte, fuentes del Gobierno que preside el socialista Francisco Javier Lambán, detallan que el comité de expertos de Hacienda «no ha hecho ni siquiera mención de aparecer. Tampoco hemos recibido ningún apercibimiento de que se fuera a producir una vuelta de rosca en el grado de intervención con la retención de la financiación autonómica para el pago directo a proveedores».

A estos sucesivos quebrantamientos se añade que ninguna de las dos autonomías cumplirán con los objetivos de déficit del 0,7 por ciento fijados para 2015, herencia que se extenderá a las cuentas públicas de este año. Situación que habiéndose advertido el pasado mes de julio, durante el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, también fue alertada por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) a principios de diciembre, proyecto de presupuestos autonómicos ya en mano.

Pero la realidad supera a las previsiones, y así en el caso de Extremadura, la Secretaria General de la Consejería de Hacienda señala que «se cierra (2015) con un 2,99 por ciento», o lo que es lo mismo tres décimas más de lo previsto por la Autoridad Fiscal (-2,6 por ciento). Por su parte Fernando Gimeno, Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno Aragón, ya adelantó hace escasos meses que las cuentas registrarán un saldo negativo del -2,01 por ciento, más del triple de lo establecido por Hacienda.

Dejación de funciones

A la vista de los hechos, si tanto extremeños como aragoneses están incumpliendo lo estipulado en la LEP, ¿por qué esta dejación de funciones por parte del Gobierno central?; ¿por qué no se ha actuado del mismo modo que se hizo con Cataluña?

La respuesta de Hacienda es que en ambos casos, los Planes Económico – Financieros y Planes de Ajuste, «especifican que se dará cumplimiento con el último pago de los Fondos», que se realizó el 28 de enero y por el que recibieron 30.239.540 millones de euros Aragón, y 2.005.700 millones Extremadura. «Se va a notar mucho, sobre todo a partir del mes de marzo».

Diálogo, buena disposición y fechas en las que coinciden tanto aragoneses como extremeños en lo que apunta a un discurso políticamente correcto «el flujo de información con el Ministerio es continuo y hay una colaboración total y absoluta. Ya se han dado los pasos para poner orden. Entre febrero y marzo damos por seguro que se atendrá a los
límites establecidos para los periodos medios de pago».

Por su parte desde la comunidad presidida por el también socialista Guillermo Fernández Vara insisten en que «hay una buena comunicación. Hacienda conoce la voluntad de ir corrigiendo esta desviación en la medida de lo posible, pero eso sí no vamos a poner en riesgo los servicios básicos como sanidad y educación».

Más allá de las posiciones oficiales, la realidad que subyace en ambas comunidades viene marcada por el «agujero» que dejaron los anteriores gobiernos. Durante el último mandato de la popular Luisa Fernanda Rudí, en Aragón, se produjo un sobredimensionamiento de los ingresos y se dejaron de contabilizar cientos de millones. Según se revela en el informe firmado por la interventora Ana Gómez «los ingresos deficitarios ascenderán a final de año a 173 millones de euros», y estima que «faltan por presupuestar numerosas partidas, cuyo importe total ascendería a 620 millones de euros». De éstos últimos casi el 70 por ciento (426 millones) corresponderían a salud.

Circunstancia extrañamente pareja en el caso que se produce en Extremadura, durante el Gobierno del también popular José Antonio Monago, «nos encontramos con unos presupuestos inflados en 650 millones de euros, tanto por vía de ingresos que no existían como por no haberse presupuestado ciertas partidas». Concretamente «hay 290 millones de euros de los que 236 (los destinados a gasto sanitario) están sin justificar».