Facua-Consumidores en Acción denunció este viernes que el negocio de las líneas 902 costó 99 millones de euros a los consumidores durante el pasado ejercicio y las llamadas a prefijos 901 representaron otros 16,9 millones, según el último Informe Económico Sectorial sobre Telecomunicaciones y Audiovisual de la CNMC y recordó que el anuncio del Ministerio de Consumo de que prohibirá las líneas 902 responde a una “reivindicación histórica” de esta asociación.
La organización de consumidores mostró su “satisfacción” ante el anuncio del departamento de Alberto Garzón y lamentó la “pasividad” en la que, a su juicio, “vienen incurriendo las autoridades de consumo autonómicas ante este fraude”, pese a que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) “dejó claro en marzo de 2017 que las líneas de tarificación especial para la atención al cliente vulneran la normativa europea de protección a los consumidores”.
La asociación ha denunciado en los últimos años a más de un centenar de empresas por el “uso ilícito de las carísimas líneas” 902, 901 y las de tarificación adicional, los prefijos 803, 805 y 806 y advirtió de que el negocio de las líneas 902 “es doblemente fraudulento”. “No sólo representan grandes ingresos para las compañías de telecomunicaciones, sino también para multitud de empresas que ganan dinero con cada llamada que reciben”, valoró, subrayando que, por esa razón, “se resisten a sustituirlo por numeraciones que no representen un sobrecoste”.
“La ley no permite que el titular de una línea de tarificación especial, entre las que se incluyen los 902, ingrese dinero por recibir las llamadas”, sentenció la organización de consumidores, al tiempo que criticó que las autoridades de consumo autonómicas no han investigado el negocio que representan las líneas 902 “para una larguísima lista de empresas que se lucran con ellas”.
